La politización de la Universidad Rovira i Virgili

Para los anales de la historia ha quedado la discusión durante la Guerra Civil entre el general Millán-Astray y el rector de la Universidad de Salamanca, Don Miguel de Unamuno. En medio de su enfrentamiento dialéctico, el militar le gritó «¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!», a lo que el sabio filósofo español le respondió: «Este es el templo de la inteligencia [en referencia a la universidad] y estáis profanando su sagrado recinto. Yo soy su sumo sacerdote. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis».

Dicho incidente condenó al ostracismo al celebérrimo rector, quedando relegado de su cargo y confinado en su domicilio. No obstante, su gallardía en defensa de la universidad, libre de la injerencia de los poderes fácticos, ha sido un referente estimulante durante décadas para aquellos que creemos que el único compromiso que tiene que tener el «templo del saber» es con la Verdad y la búsqueda incesante de ésta.

Recordaba recientemente el prestigioso historiador Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lérida, que los miembros del Consejo de Gobierno y del Claustro de una universidad son escogidos en función de sus aptitudes para desarrollar una tarea académica, no en función de su ideología política. Por lo tanto, sus funciones representativas se encasillan en aquellas por las cuales han sido votados. Desgraciadamente, al posicionarse el Claustro de la URV a favor del referéndum separatista, se extralimitó en su ámbito de representatividad, posicionándose sus miembros en una materia por la cual no habían sido elegidos.

¿En qué benefició dicho posicionamiento a la Universidad? ¿Salió de dicha reunión una comunidad educativa más unida y cohesionada, o más bien al contrario? Todas las actuaciones de la Universidad tienen que ir sólo orientadas a mejorar su excelencia académica y la accesibilidad a ella de sus estudiantes. Son tantos los retos que no puede perderse en debates más propios de un parlamento y que escapan por completo de su ámbito de actuación. Y es precisamente la neutralidad política de la institución la que le permitirá gozar de independencia a la hora de negociar con las administraciones regionales y nacionales para conseguir una mejora en la financiación y a la vez, no perder el norte en lograr que la universidad se convierta en el templo del saber añorado por los intelectuales del 98. Además, se nos está plateando un enfrentamiento entre legitimidad y legalidad. Como señalaba el Dr. Castellá, miembro de la Comisión de Venecia, la legitimidad va ligada a la legalidad en los Estados democráticos de Derecho del entorno cultural europeo, por lo que, sin respeto al Estado de Derecho, «la democracia es revolucionaria y por lo tanto no tiene límites al poder. En cambio, la democracia constitucional compagina la legitimación democrática con el control del poder, la garantía de los derechos fundamentales y el sometimiento al derecho de autoridades y ciudadanos». En nuestro país rige el principio de «democracia no militante», por el cual se pueden defender principios contrarios a la constitución siempre y cuando se haga por cauces legales. Una reforma de la Constitución es posible si se cuenta con una mayoría suficiente en las cámaras representativas. Ante la carencia de dicha mayoría por parte de los partidarios del referéndum, lo que no se puede pretender es violar la legalidad, y menos aún instrumentalizar las instituciones académicas para conseguir dichos fines.