Situación excepcional

En la actualidad estamos viviendo un periodo de reformas en leyes y normas que no hacen más que modernizar nuestras estructuras legales encaminadas a cumplir con la Estrategia Europea 2020. La contratación pública desempeña un papel clave para conseguir que en los mercados locales consigamos un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

Una prueba de ello es la reciente Ley aprobada a finales del año pasado en España sobre la Contratación de Servicios Públicos y que obliga a nuestra administración local, Ayuntamiento el Vendrell, a cumplir con los objetivos que ella contempla, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor calidad-precio. La Ley también atiende la necesidad de simplificar los tramites y, por lo tanto, imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso a las ofertas por parte de las PYMES. Resumiendo, el proceso debe de ser más simple reduciendo el trabajo administrativo de todos las partes que intervienen.

Ante la situación descrita y volviendo a casa, hace un año, desde el PP del Vendrell, pedimos al alcalde que diera explicaciones sobre la legalidad de diferentes gastos y un año después, teniendo en cuenta la situación del departamento de Intervención, nos vemos obligados a reiterar la petición de explicaciones de la situación legal y administrativa de los expedientes judicializados. El alcalde, de manera prioritaria, tiene que hacer las acciones necesarias para regularizar la situación y eliminar cualquier sombra de duda sobre la institución para seguir contando con estabilidad en la gobernabilidad.

En la administración local del Vendrell vivimos una situación excepcional. Los proyectos políticos de Benet Jane y Martí Carnicer nos han dejado en una situación muy difícil. ¿Es la deuda? Sí, y la falta de proyectos de ciudad, etc. Pero también es una administración del tamaño de un elefante ineficaz para la gestión eficaz que se le pide a cualquier empresa de más de 400 trabajadores.

En esta legislatura hemos tenido más de tres Interventores habilitados que por diferentes motivos no se han quedado con nosotros. La oferta de sueldo para cubrir el puesto en 2015 era de más de 60.000 euros/año y en estos momentos a partir de 2017 ya ofrecemos 90.000 euros/año.

Teniendo en cuenta que el interventor de un ayuntamiento es la pieza legal clave para fiscalizar y autorizar tanto el pago de facturas como la recepción de ingresos. ¿Cuáles serán las razones por las cuales los inteventores no se quedan? ¿Qué problema o problemas hay?