Inmigración, oportunidad controlada

No resulta nada fácil hablar de inmigración, es un tema delicado y sensible que en la mayoría de los casos ocasiona controversias. La inmigración la definen o defienden algunos como, el derecho individual que tiene una persona para conseguir una mejor calidad de vida, para otros, es una cuestión ética humanitaria. En lo que sí se deberían coincidir todos los razonamientos que la justifican es que, en nada es beneficiosa de una forma descontrolada, porque tanto perjudica al propio inmigrante como al país de acogida, por un hecho muy concreto, porque se puede llegar a una situación limite que no pueda garantizarse los servicios sociales mínimos o bien otros gubernamentales, como está ya sucediendo en España. La realidad es que a finales de 2019 había en España unos 400.000 inmigrantes irregulares, es decir, unas quince veces más que en 2014 con el gobierno de Mariano Rajoy. A nadie se le escapa que la inmigración descontrolada en España, se ha convertido en un problema de Estado.

Los estudios de la Fundación PorCausa y la Universidad III de Madrid, en relación a la inmigración irregular, sobre datos de finales del año 2019, señalan que, entre los irregulares hay más mujeres que hombres, situando el porcentaje en un 55%. El informe también indica que cuatro de cada cinco tienen menos de 40 años y siete de cada diez varones están por debajo de los 30 años. En cuanto a la procedencia señalan los trabajos que un 77% proceden de América Central y del Sur, principalmente Colombia, Venezuela y Honduras, haciendo su entrada al país con un billete de avión. Al otro lado se sitúan los llegados del continente africano en un 9,2% procedentes en su mayoría de Marruecos y lo hacen a través del estrecho o Canarias. Concluye el informe que el coste de cada inmigrante irregular le supone a las arcas públicas 2.000 euros al año y en el caso de regular la situación de inmigración, ascendería por encima de los 3.250 euros.

Pero el descontrol ha aumentado considerablemente desde que Pedro Sánchez ha llegado a la presidencia del gobierno, prueba de ello es que en los dos años y medio que lleva gobernando, han entrado tantos inmigrantes ilegales, como en los en los siete años del gobierno de Mariano Rajoy. El detonante último, ha sido el descontrol de entrada de pateras en Canarias, provocando un caos en el gobierno socialcomunista, donde diariamente la entrada de inmigrantes ilegales suponen un reto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organizaciones sociales, con el agravante de un entorno de alarma y confinamientos, ocasionado por la pandemia del coronavirus, donde no existe el control sanitario adecuado sobre los inmigrantes, aun mas si observamos videos como inmigrantes ilegales de Canarias, son trasladados en avión a diferentes lugares de la península y cuando se le pregunta al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los hechos, este se excusa diciendo que su ministerio no gestiona ni tampoco organiza traslados, cuando la realidad es el que da el visto bueno a los traslados y la organización corre a cargo de la Cruz Roja. Si a todo lo mencionado, añadimos las dificultades de los procesos de repatriación que están produciendo un colapso en los servicios de asistencia de acogida.

Hoy más que nunca se hace necesario un pacto de estado en cuanto a la inmigración, donde a parte de estar representadas todas las fuerzas políticas, también lo estén los sindicatos, empresas y organizaciones implicadas en la inmigración. Las bases donde debería asentarse ese pacto de estado serian: las nuevas oportunidades, la ética y en especial los propios intereses de España, todo ello desde el adecuado control que evite las situaciones lamentables que hoy España esta sufriendo.