Educar en libertad y para la libertad

El espíritu y el contenido de la Ley Celaá, que ha entrado en vigor recientemente, plantea a nuestro grupo municipal serias dudas: respecto a su tramitación, respecto al embate al que somete la libertad de las familias para escoger la educación de sus hijos, respecto a la falta de ambición para alcanzar una educación excelente y en la excelencia, respecto a la falta de protección y de defensa del español como lengua vehicular y de prestigio en España.

Para empezar, la tramitación de esta ley educativa ha sido atípica, pues el proyecto de ley se debatió en comisión en un solo día: en un solo día se debatieron más de mil enmiendas y seis días más tarde se aprobó en el Pleno del Congreso. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Tampoco se ha contado con el concurso y la participación de los representantes y expertos de la comunidad educativa: parece haber sido redactado a toda prisa y como a hurtadillas, de espaldas a la sociedad española.

En segundo lugar, esta ley conculca las libertades educativas recogidas en el artículo 27 de la Constitución Española. La educación es el acompañamiento en el camino de cada criatura hacia su plenitud, hacia la madurez física, emocional, afectiva, intelectual, laboral y espiritual. El recinto primigenio, preeminente e indelegable de la educación es la familia. Los padres, conscientes de nuestras propias limitaciones, contradicciones, retos y dificultades, acogemos a cada hijo y asumimos nuestro liderazgo en ese acompañamiento guiados por el verdadero motor de la educación: el amor.

Para educar a nuestros hijos, los padres contamos con la inestimable cooperación subsidiaria de las administraciones públicas. Ellas deben procurar que las familias eduquemos a nuestros hijos con libertad y en libertad. Deben facilitar un modelo educativo plural que englobe las diferentes sensibilidades, de modo que los padres encontremos el proyecto educativo que mejor refleje las inquietudes y aspiraciones de la verdadera protagonista de la educación: la familia.

La Ley Celaá, sin embargo, apuesta por un modelo único, que eclipsa la pluralidad que es inherente a las sociedades democráticas: un modelo único que elimina la demanda social, es decir, la elección de los padres. Para nosotros, la educación pública, la concertada, la diferenciada, la educación especial, son realidades complementarias, jamás contrapuestas, que enriquecen el sistema educativo y blindan la pluralidad y la libertad. Y deben ser, por tanto, objeto de la protección y no del ataque o de la indiferencia de los poderes públicos.

La ley Celaá, asimismo, parece abandonar la legítima aspiración a propiciar un sistema educativo que persiga la excelencia, la igualdad de oportunidades, la autonomía de los centros, la evaluación transparente, la cohesión y la vertebración del sistema educativo.

Además, la ley Celaá elimina el español –que es la lengua común, la lengua de todos- como lengua vehicular en la escuela: en otras palabras, el español quedará relegado al uso doméstico y perderá su cualidad de lengua de prestigio y de comunicación en todos los ámbitos, que es lo propio de una lengua oficial. El derecho y el deber de conocer y utilizar el español en el sistema educativo y en todos los otros ámbitos de la vida en nuestro país no debería ser objeto de debate, mucho menos de exclusión.

Esta ley, pues, no responde a ninguno de los retos y las transformaciones que se están produciendo en los países de nuestro entorno y que realmente necesita nuestra educación porque, después de esta sobrecogedora pandemia, la educación ha de ser el bálsamo que suavice las heridas que nuestra nación necesitará sanar.