La banca, entre el abuso y el abandono

De nuevo, la banca siempre gana. ¿Quién pierde? La gente consumidora, sus empleados y la cohesión territorial. Ante la apuesta digital de la banca, la amenaza de las big tech y una política de ahorro de costes, las entidades financieras para ganar rentabilidad han continuado su proceso de fusiones y desde el 1 de junio amplían el cobro de las comisiones, despiden a miles trabajadores y suben el salario de forma obscena a sus directivos. Nada nuevo bajo el sol.

El Estado, con el dinero de la gente, durante la crisis salvó a las entidades financieras de la quiebra pagando, según el Banco de España, 65.725 millones, asumido en gran parte por el Estado a través del FROB y por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), constituido con las aportaciones del propio sistema financiero. Según las mismas fuentes en total se podrían recuperar 14.785 millones de euros. Nos dijo el gobierno del PP que nos lo devolverían todo, vamos a contar mentiras. Llueve sobre mojado.

De poco han servido que los tribunales de justicia acusaran a la banca de fomentar las comisiones abusivas, que el índice de cálculo del IRPH, según el Tribunal Supremo, fuese declarado no transparente o que los Tribunales europeos acaben dictaminando ese índice como nulo y obligue a la banca a devolver parte de lo cobrado en exceso. Poco a poco, las entidades financieras han ido devolviendo pequeñas sumas de lo defraudado a los usuarios que han reclamado. La mayoría de autoridades de Consumo de las Comunidades Autónomas, con gobiernos tipo más business-friendly y menos consumer-friendly no han sido lo suficiente atrevidos para dar cumplimiento del artículo 51 de la Constitución Española: la defensa de los consumidores y usuarios. Debían haber certificado la obviedad, abriendo expedientes sancionadores. Se estafó de forma continuada y con conocimiento de causa a los clientes.

Estos días una moción de la Federación de pensionistas y jubilados de CC.OO. recorre nuestros plenarios municipales, reclaman una solución al abandono que sufren miles de pensionistas que no tienen una oficina donde acudir y, cuando lo hacen, su sucursal se convierte en una especie de zoco. Hacer una gestión o sacar una parte del dinero de la cartilla es una suerte de carrera de obstáculos, que recuerda aquellas excursiones gratuitas en las que gente volvía de Peñíscola con un colchón que no le cabía en la habitación. En Tarragona, en el 58% de los municipios ha desaparecido la oficina a pie de calle. Es decir, de los 184 municipios que existen, un total de 107 no la tienen, lo que supone que 62.960 personas están abocadas a desplazarse si necesitan, por ejemplo, firmar una hipoteca. Una situación que parece incomprensible y que, además, con la broma de la hora de la plancha, está pasando desaparecida –poderoso don dinero-.

En el Congreso algunos ya veíamos la tendencia hacia el desmantelamiento en la España y Catalunya vaciada y rural. A iniciativa de la potente sección de CC.OO. en Correos trabajamos la idea de convertir las estafetas, repartidas por toda España (el único elemento que visualiza el Estado en todos los territorios grandes y pequeños), en oficinas multiservicios con conexiones 5G a internet y regresar al concepto de banca pública. Con la salida forzada de Rajoy, a causa de la corrupción –dónde tuve el privilegio de participar directamente–, la idea fue recibida con atención por el ministro Ábalos y hoy Correos ha firmado un acuerdo con el Banco Santander para dar parte de ese servicio que nosotros pedíamos público. Respecto a la desaparición de las oficinas el caso de Caixabanc es paradigmático, ya que en su proceso de modernización ha dividido sus oficinas en dos tipos: retail y store. En las oficinas store, según las asociaciones de consumidores, se está vulnerando la normativa europea, al no ofrecer la posibilidad de atender en ventanilla a la gente mayor, ya sea para sacar el dinero de su cartilla o para hacer gestiones. Las asociaciones afirman que se están conculcando los derechos de la gente consumidora. Por ese motivo, el Govern Balear ha solicitado por escrito la opinión al Banco de España, para que éste determine si las oficinas store de Caixabanc están dentro de la legalidad y en el supuesto de que no fuese así, si la máxima autoridad bancaria en España tiene previsto requerir el cumplimiento de la norma y la sanción asociada. Si el Banco de España señala a Consumo como competente en la materia, sancionaremos. Los Gobiernos deben hacer cumplir la ley y en Baleares su Govern sabe de que lado está.