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A nadie se le escapa las repercusiones económicas que está comportando el recibo desorbitado de la luz, ya sea a nivel empresarial, como para el consumidor doméstico, haciendo inciso en aquellos hogares con menos recursos para hacer frente al recibo de la luz. Sirva como ejemplo del desmesurado incremento del recibo de la luz que, con el gobierno de Mariano Rajoy del PP, se pagaba 46,41 euros por megavatio hora, que representó una subida del 13%. Con el gobierno de Pedro Sánchez del PSOE-UP, son 130 euros megavatio hora, lo que supone un incremento del 180,11 %; es decir, el precio de la luz se triplica.

Ante esta escalada imparable de la subida de la luz, el gobierno de España trata de echar pelotas fuera de su propio tejado, en un principio haciendo culpables a los gobiernos de Aznar y Rajoy, para más tarde a la Unión Europea. La verdad es que la Moncloa se está viendo impotente en el control del desmesurado recibo de la luz, ya que la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% temporalmente, hasta final de año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, durante tres meses, simplemente ha supuesto una mejora en unos 8,54 euros en una factura media de la luz, de la que el 60% del recibo son impuestos. Sin comentar los esfuerzos del gobierno de España, queriendo cambiar los usos domésticos del consumo eléctrico, para llevarlos a la plena nocturnidad.

Aparte que la ministra Montero, hace responsable a los anteriores gobiernos del PP de la subida del recibo de la luz, por no haber apostado por las energías renovables, pero se olvida del apagón nuclear del presidente Zapatero. El hacer política implica tener aciertos o errores, lo que sí es cierto es que quien no hace nada no se equivoca, pero corre el riesgo que de su ineptitud política genere un problema grave a la comunidad, más aún, cuando ya son tres los años de ejercicio de gobierno. No contento con ello, el gobierno de España pretende culpar a la propia Unión Europea. La contundente negación de la institución Europea no se ha hecho esperar.

La Comisión Europea desmiente al gobierno de España, recordándole que puede tomar medidas para paliar la subida del recibo de la luz. Así lo recoge la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019. La misma insiste en que los Estados miembros garantizaran la protección de los clientes domésticos y en particular a los más vulnerables, por lo tanto se desprende que los Estados, según criterios de nivel de renta, así como de la eficiencia energética de los hogares o dependencia eléctrica, podrán actuar en sus recibos energéticos. En este caso se puede interpretar que Pedro Sánchez incumple la directiva europea, cuando esta le exige proteger a los consumidores.

Precisamente, lo único que plantea en Bruselas el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, es lo que no se puede hacer: establecer un techo al precio mayorista, hecho este que la Comisión Europea indica que no es posible, por ir en contra del diseño del mercado eléctrico comunitario. Ahora bien, lo que sí puede es modificar las subastas para que el precio marginal, el de fuentes de energía más caras, como es el gas, que está disparado en los mercados internacionales, no se traslade al consumidor, mediante un precio medio o de varios escalones, como propone el PP.

La última idea del Gobierno de España viene de manos de la ministra Teresa Ribera, con el propósito de abaratar el recibo de la luz, consistente en no renovar las concesiones de las hidroeléctricas que hay en España y crear con ellas una empresa pública, lo que se conoce en el argot socialista como nacionalizar. Medida de dudosa efectividad, teniendo en cuenta que la energía hidráulica representa un 15% de la electricidad consumida, lo que significa que el gas continuara marcando el precio final del consumo eléctrico, ya sea que lo haga un organismo privado o público, la prueba de ello es que Francia ha tenido que salir en dos ocasiones al rescate de su empresa pública, sin olvidar que el rescate en su totalidad se situaría en el año 2040, demasiado tiempo para paliar el incremento constante del recibo de la luz.

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