¿A qué normalidad volvemos?

Desde una considerada distancia geográfica, nos llegaban las informaciones de los primeros casos del covid-19, aparecían en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan en la China, lo que creíamos que no iba con nosotros y que nunca nos llegaría, al final llego. El día 13 de febrero del 2020, se registra el primer fallecimiento por el virus en nuestro país, pero no es hasta el 14 de marzo de 2020, que no se publica el Real Decreto que declara el estado de alarma, batiendo España récords de fallecimientos por habitante del mundo, pese a los avisos que la OMS y la UE hicieron al Gobierno de España. Así han ido sucediéndose diversas prórrogas del estado de alarma, donde al inicio el mando único recaía en el presidente del gobierno de España, más tarde sería en las propias Comunidades Autónomas, creando con esta medida de traspaso de competencias en la gestión de la pandemia, descoordinación y cuanto no, enfrentamiento entre las autonomías, la mayoría de las veces por intereses políticos que no de salud. La medianoche del 9 de mayo de 2021 finaliza el estado de alarma, después de catorce meses de su implantación, lo que ha supuesto para los ciudadanos fuertes limitaciones de su actividad cotidiana.

Las medidas de estado de alarma han comportado una limitación de movimientos a los ciudadanos, han afectado a las libertades individuales, todo en pro de un bien colectivo, como podría ser el desplazamiento por el territorio, la asistencia física a servicios públicos, como la sanidad o enseñanza; también privados, como entidades financieras, restauración, establecimientos de alimentación, etc. Sin entrar en el debate de sí estas medidas han sido las más correctas o ajustadas a derecho, en cuanto a la libertad de los ciudadanos, como algunas sentencias recientes han puesto en duda. Me centraré en aquellas medidas necesarias, con el objetivo de solventar las medidas restringidas a la presencia física de los usuarios, en concreto las que corresponden a la administración pública y servicios privados, que hoy en día poco a poco vuelven a la normalidad, pero con la preocupación que, con la excusa del estado de alarma, algunas de ellas se queden y afecten negativamente a los ciudadanos.

La administración pública, cerró todas sus ventanillas a la atención presencial del ciudadano, en otros casos restricciones, como la atención sanitaria. A todo ello, se pusieron medidas de asistencia telefónica o tramitaciones en páginas webs, con el inconveniente que, siendo todo ello necesario, no iba a dar abasto en el servicio que la ciudadanía requería y requiere en estos momentos, con trámites interminables de esperas telefónicas para ser atendidos, con dificultades en el manejo de las sedes electrónicas, de los diferentes departamentos ministeriales o autonómicos, bien por el desconocimiento de la práctica informática de los usuarios o de la complejidad de la propia operativa. Se está llegando a la normalidad de los servicios, pero no con la calidad de servicio que la administración pública debería ofrecer a sus usuarios, siguen las esperarás telefónicas, una asistencia en red electrónica nada fácil o cuando no imposible para los ciudadanos. Todo esto debe poner a los responsables de la administración pública, dígase políticos, en normalizar la asistencia física en aquellas personas que no tienen la práctica o conocimiento de la gestión electrónica, pero también una inversión en modernizar los servicios informáticos, prestando un servicio en red de calidad para los ciudadanos, con aplicaciones amigables, sencillas en el manejo y de aplicación en todos los utensilios informáticos.

Tampoco de todo ello se escapan los servicios privados, aunque estos han y están supeditados a normativas legales en cuanto a la prevención de la pandemia. En este caso hemos observado como una cantidad considerable de negocios se han visto afectados, algunos de ellos lamentablemente no volverán a subir sus persianas, son 207.000 empresas y 323.000 autónomos, es cierto que el COVID-19 ha sido y es un hecho complicado de erradicar, otra cosa diferente, es si las medidas implantadas han sido las más adecuadas, en especial las que afectan a la restauración, en relación con el sector que más ingresos aporta al sector privado o público, como es el turismo. Para otros sectores privados, especialmente las entidades financieras, la no asistencia física o la visita concertada, provocando, en algunos casos, colas más bien tercermundistas en las calles, han tratado de paliar la situación, con inversiones en informática en la gestión propia de la entidad y cuando no, con aplicaciones amigables para sus clientes, la verdad, es que también les ha servido para justificar los despidos colectivos de empleados o bien, cierre de oficinas, manteniendo un servicio más bien deficitario, todo ello teniendo en cuenta los benéficos anuales millonarios que le aportan, sus usuarios, que no dejan de ser clientes de las oficinas bancarias.