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Llevamos unos días inmersos en el espionaje de líderes políticos catalanes, con todas las consecuencias de enfado que ello comporta a los partidos independentistas catalanes, que no menos a los socios de gobierno de Pedro Sánchez, por el tan renombrado en medios de comunicación software Pegasus de la empresa israelí NSO. Dicho sistema no es nada nuevo en el mercado de los espionajes, un ejemplo es la investigación del diario estadounidense The New York Times, cuando detallaba que en agosto de 2009, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, la semana siguiente a su respaldo a Israel, con motivo de las muertes cometidas durante el ataque israelí a Gaza en los años 2008 y 2009, aprovechó una reunión privada con Netanyahu para interesarse por Pegasus, adquiriendo más tarde los sistemas de espionaje de la empresa israelí NSO, instalándolos en la ciudad de Panamá en 2012.

Cuando Martinelli es remplazado por Juan Carlos Valera, se inicia una investigación en relación con las actividades de espionaje a opositores a Martinelli e incluso, según los fiscales, se pirateó el propio teléfono de su amante. Aunque ante todo lo mencionado, un tribunal de Panamá absolvió a Martinelli en 2021, por las escuchas ilegales.

El diario El País confirma, citando fuentes cercanas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estos servicios secretos españoles, adquirieron a mediados de la década de los 2000, la tecnología de espionaje Pegasus, por un valor de 6 millones de euros, con la intención de emplearse únicamente en el extranjero. La verdad, de ser cierta, es que una investigación conjunta de The Guardian y El País revelan que el entonces presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, habría sido uno de los objetivos de espionaje de Pegasus. Pero es el Citizen Lab, una organización de la Universidad de Toronto, que dos años después ofrece detalles que, políticos independentistas catalanes, habrían sido espiados.

Los móviles de miembros de ERC, Junts y la CUP, fueron espiados entre los años 2019 y 2020 por Pegasus, no tan solo estas formaciones políticas, sino también dirigentes de organizaciones pro independentistas como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òminium Cultural, tampoco se han escapado, según información emitida, abogados vinculados en la defensa de los condenados por el procés, se calcula un total de 66 personas, salvándose del espionaje Carles Puigdemont.

Ante los hechos acaecidos, el Ministro del Interior del gobierno de Pedro Sánchez, niega que la Policía Nacional y la Guardia Civil fueran clientes de NSO suministradora del software Pegasus, con menos contundencia se mostró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), indicando que siempre actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente. Respuestas estas que no han convencido en absoluto al Govern de la Generalitat, quien amenaza con romper las relaciones con el Estado, exige se depuren responsabilidades con dimisiones.

El Catalangate, como se conoce el caso, ha dado un respiro al independentismo, no tan solo en recuperar un resurgimiento en los medios de comunicación, después de una notable perdida activista independentista del fracasado referéndum, sino también, en la unidad del independentismo, en referencia a ERC y Junts, aunque los postulados internos continúan siendo diferentes, mientras unos amenazan con romper con el Estado (JUNTS), otros hacen suyo el peix al cove para romper el Estado (ERC). Eso sí, sin conocer a fecha de hoy, algunas dudosas actividades de espionaje del Cesicat, más conocido como el «CNI catalán», que utilizó información de los Mossos, para que los CDR detenidos intentasen eludir la vigilancia a la que los sometía la Guardia Civil, según informó algún medio de comunicación.

No tan solamente formaciones políticas de ERC y Junts, que exigen explicaciones, sino también Podemos, aunque estos últimos, siempre sus exigencias quedan inscritas en mantenerse en las poltronas del gobierno, pero resulta como menos curioso, que estando dentro del gobierno nunca se enteran de nada, quizás, Pablo Iglesias algo tendría que decir, de saberlo, ya que en los momentos de los hechos de espionaje, no era nada más y menos que vicepresidente del Gobierno de España.

Lo más lógico en este caso sería, que la Presidenta del Congreso de los diputados, Maritxell Batet, convoque un pleno para constituir la comisión de secretos oficiales, que lleva tres años sin constituirse, para que comparecieran la Ministra de Defensa, Margarita Robles, mandos del Centro Nacional Inteligencia (CNI), como aquellas personas que puedan tener una relación con el informe CatalanGate, sería la forma de investigación más trasparente y democrática, para conocer la verdad y depurar responsabilidades. La duda puede surgir, si las formaciones independentistas anti Estado, como son Bildu y ERC, deberían formar parte de dicha comisión, por la discreción que deberían comportar sus trabajos, aunque teniendo en cuenta que son las muletas donde se apoya el gobierno de Pedro Sánchez, no extrañaría se les facilitará la presencia.

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