¿Qué rumbo debe tomar la movilidad?

El 1 de septiembre entra en vigor un paquete de medidas excepcionales del Gobierno de España destinadas a reducir el coste de los servicios de transporte público. Hasta el 31 de diciembre los trenes de cercanías, «rodalies» y media distancia serán gratuitos, así como el ave y los trenes de larga distancia tendrán un 50% de descuento. Además, dentro de las ciudades el Estado bonificará un 30% el coste del transporte urbano.

De estos descuentos se beneficiarán los viajeros frecuentes, es decir, bonificará a los billetes multiviaje y no a quienes realicen un trayecto puntual. En el caso de los trenes, por ejemplo, el abono es gratuito, pero se deberá pagar una fianza de 10 o 20 euros –según sea para rodalies o media distancia– que se devolverá si se efectúa un mínimo de 16 viajes.

La justificación para estas medidas se encuentra en dos objetivos principales: por un lado, reducir las desigualdades que se generan para aquellas personas que necesitan desplazarse con frecuencia para estudiar, trabajar, etcétera. Personas que, además, suelen pertenecer a las clases trabajadoras. Y, por otro lado, incentivar el uso del transporte público en contra del transporte privado.

Desde ahora, tenemos 4 meses para estudiar y analizar los efectos que producen estas medidas y valorar el rumbo que deben tomar las políticas de movilidad en un futuro, siendo conscientes tanto de la cantidad de beneficios que aporta el transporte público a la sociedad, como del coste que supone.

En mi opinión la dirección que debe tomar el transporte público es clara y se resume en una palabra: eficiencia.

La eficiencia supone utilizar vehículos de nuevas tecnologías que reduzcan costes y emisiones o emplear sistemas de gestión masiva de datos como el Big data para optimizar rutas y tiempos. Es decir, comporta implementar mejoras orientadas a tener un servicio más eficaz, lo que implica un menor coste. Por tanto, el fin último de la eficiencia no es otro que lograr agilizar los desplazamientos y reducir las tarifas.

Presumiblemente, una tarifa menor implica que más gente utilice el transporte público, y que más gente utilice el transporte público conlleva múltiples beneficios para las ciudades: reducción de coches, menor contaminación, menos accidentes, menos ruido, facilidad para entrar o salir de las ciudades, etc.

Es por esto que, dado el carácter temporal de estas medidas, considero especialmente interesante estudiar su efecto en nuestra ciudad, Tarragona. Es decir, calcular cuánto se ha reducido el tráfico de vehículos privados durante el período de vigencia de la bonificación por parte del Estado y estudiar su coste-beneficio.

Este tiempo supone una oportunidad como prueba piloto para encaminar las políticas en movilidad que debemos discutir en un futuro. Es por ello que en la agenda socialista, el transporte público tiene, sin ninguna duda, un papel protagonista. Porque de las decisiones que tomemos ahora, dependerá el futuro de Tarragona.