¿Y si matamos a la pesca?

Entiendo que quienes gobiernan Europa lo tienen muy difícil para compaginar todos los intereses de los Estados miembros. Demasiados países, demasiadas culturas, demasiados idiomas, demasiados intereses particulares, etc. No es fácil hacer viable todo eso en forma de leyes que nos convengan y contenten a todos por igual.

Por eso, nuestros gobernantes de la Unión Europea tienen un trabajo muy difícil y complicado. Y, algunas veces, hay que entender la complejidad de esa gobernanza. Pero en otras ocasiones, como la actual, la ausencia de sentido común obliga a decirles un ‘no’ rotundo.

¿A quién se le ocurre que una actividad económica pueda sobrevivir trabajando o produciendo solo entre 20 y 28 días al año? La respuesta a la pregunta es elemental. Decretar que la pesca en el Mediterráneo solo se desarrolle durante esos 28 días al año -como máximo- es condenar a muerte al sector y a todas las personas, empresas y pueblos que hay tras él: comerciantes, talleres náuticos, transportistas, restauradores, etc. Y eso sin olvidar aspectos culturales, tradicionales, sociales o de arraigo, que no son temas menores.

La otra cuestión es que, si la medida propuesta carece por completo de sentido común, parece ser que también carece de fundamento técnico.

Y es que los primeros interesados en conseguir que en el mar se den las condiciones para que en los caladeros haya pesca son los propios pescadores, y ya hace tiempo que lo están demostrando con la aplicación de medidas preventivas de carácter voluntario, como la reducción de la jornada laboral, las vedas biológicas anuales, la fijación de zonas de exclusión pesquera o la incorporación o mejora de medidas técnicas de artes de pesca más selectivas.

Pero de nada sirve todo ese esfuerzo que hasta ahora han hecho los pescadores si, al final, se condena a muerte al sector. Porque eso es precisamente lo que pasará si se aprueba la propuesta que valora aprobar la Unión Europea y que, entre otras cosas, fijará un recorte de la capacidad pesquera (en días de pesca anuales) del 80% para 2025 en relación a la actual, y de un 30% de las capturas de gamba roja y otras limitaciones para la flota de palangre. Esto se traduce en que, el año que viene, la actividad pesquera solo podrá ser de entre 20 y 28 días, en función de la medida de la embarcación.

Recientemente me lo decían unos pescadores de Huelva, que cada día ellos se ven sometidos a condiciones que les dificultan su actividad, mientras por las noches ven entrar camiones procedentes de Marruecos con pescado exento de esas condiciones de captura, transporte y conservación. No hace falta recordar que la primera obligación de las autoridades europeas es defender los intereses económicos y laborales de los ciudadanos europeos.

La salud, el tejido social o la economía de un país no pueden ser moneda de cambio de otros intereses. E intentar que un país mediterráneo se quede sin un agente económico que trasciende la mera actividad y se adentra en la tradición, la cultura, la sociedad, etc., como es el caso de la pesca, es una aberración.

Lo es y esperamos que no se apruebe. O, al menos y a riesgo de ser tachado de demagogo, creo que el problema tiene una solución: al mismo tiempo que los gobernantes europeos aprueben la propuesta de limitar la pesca a 20-28 días anuales, ese mismo acuerdo debería incluir que los firmantes de la aprobación pasen, desde ese mismo día, a percibir únicamente 28 días de su salario anual por el resto de su vida.

Posiblemente, así, se darían cuenta de lo aberrante de la medida que intentan aprobar.