Las universidades públicas catalanas reclaman mejoras en la política universitaria al gobierno

Las universidades públicas han presentado esta mañana en Barcelona una declaración que reclama varias mejoras en la política universitaria al gobierno. La declaración ha sido elaborada en el marco de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y suscrita por todos los rectores y presidentes de los Consejos Sociales universitarios.

Esta declaración, que cuenta con cinco puntos, reclama en primer lugar una mayor autonomía organizativa, financiera, de gestión de personal y académica que comporte una restitución de cuentas periódica y profunda de las universidades al gobierno de la Generalitat de Catalunya y a la sociedad a través del Parlamento.

En segundo lugar también se pide un modelo de financiación estable que asegure la suficiencia económica de las universidades alcanzando a medio plazo la financiación media de los países de la OCDE (1,22% del PIB). También exige una reducción de los precios de matrícula que tienda a igualarse a la media de la OCDE, que es de un 14% -actualmente a Cataluña se de un 26%-. También piden que el coste de la matrícula de los master se equipare al de los grados. Apuestan por un sistema integral de becas y ayudas a los estudiantes, que asegure en todo momento la igualdad en el acceso y en el progreso académico y reclaman que estas medidas no perjudiquen la financiación de las universidades públicas.

Con respecto a la estructuración de los estudios, las universidades piden que sólo se puedan cursar en tres años las titulaciones nuevas de grado. Para el resto de titulaciones de grado impartidas por varias universidades, el sistema universitario catalán evitará que una misma titulación de grado se pueda alcanzar indistintamente en 3 o 4 años. La declaración también detalla que la modificación de la reducción de la duración de un grado no puede comportar una disminución de la subvención pública total; y que la modificación de la estructura académica no puede comportar el incremento del coste de la matrícula para los estudiantes.

Finalmente, la declaración propone un plan de choque de 10 años entre la Generalitat de Catalunya y las universidades públicas para poder renovar las plantillas del personal docente investigador (PDI) y para dar respuesta a las expectativas de estabilización de del PDI interino acreditado y al acceso a posiciones de mayor nivel académico. También sugiere un plan de choque de 10 años entre la Generalitat de Catalunya y las universidades públicas que permita, como mínimo, un incremento del personal de administración y servicios (PAS) equivalente al perdido a lo largo de estos últimos años que permita la estabilización del personal temporal (interino) y que asegure su carrera profesional.