La pobreza energética: ¿una 'enfermedad' incurable?

No es una enfermedad, pero puede acarrear muertes: la pobreza energética se cobra más de 7.000 vidas al año en un país en el que dos de cada diez hogares no pueden encender la calefacción, ni cocinar ni iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar las facturas energéticas.

Una de esas vidas fue la de Rosa, la anciana de 81 años que falleció esta semana en Reus por el incendio que provocó una de las velas con las que se tenía que alumbrar desde hacía dos meses y que, según varias asociaciones consultadas por Efe, no será la última si no se toman medidas urgentes.

Esta pobreza la padece un hogar que «no recibe una cantidad adecuada de servicios de energía por dificultades de pagar la factura», según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), autora de la última radiografía sobre esta patología en España.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que un 11 % de los núcleos familiares, compuestos por más de cinco millones de personas, son incapaces de calentarse en los meses más fríos, y un 9,4 % tiene retrasos en los pagos de facturas.

Sus efectos van mucho más allá del no poder encender la luz o comer caliente: la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales -asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad- y con el aumento de la mortalidad por patologías cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 años en invierno.

Con todo ello, ACA calcula que podría estar detrás de 7.200 muertes prematuras al año, muchas más que las provocadas por accidentes de tráfico.

Si casos como el de Rosa no son más numerosos es gracias a la terapia que despliegan organizaciones que tratan de impedir que las personas más vulnerables no puedan accionar ningún interruptor en sus casas.

Por ejemplo, Cruz Roja atendió el pasado año a 16.887 hogares para ayudarles en el pago de casi 30.000 facturas de luz, gas y agua, a las que esta organización destinó 4,3 millones de euros.

Una cifra que alarma aún más si se tiene en cuenta que solo un año antes había desembolsado 2,5 millones, comenta a Efe Fernando Cuevas, responsable de los proyectos de extrema vulnerabilidad, que recuerda que la mitad de los niños que participan en su proyecto de promoción del éxito escolar reconoció que pasaba frío en su casa.

Cuevas afirma que en los últimos meses han notado un acercamiento de las compañías, con las que se han suscrito convenios para garantizar que nadie desfavorecido se quede sin energía.

Así, Endesa ha sellado 150 acuerdos con ayuntamientos, comunidades autónomas u ONG, con los que ha conseguido cubrir al 98 % de sus clientes, aseguran a Efe desde la compañía, que añade que del medio millón de cortes de suministros que realizó en 2015, "cero" fue a este tipo de afectados.

Mientras, Iberdrola protege al 99 % de sus abonados de la interrupción del suministro eléctrico o de gas a través de los 44 convenios firmados.

Gas Natural, responsable del corte de luz a Rosa, cuya situación no había sido comunicada por el Ayuntamiento, asegura cubrir al 90 % de sus clientes y, solo en Cataluña, ha rubricado convenios con 400 municipios.

Esta versión contrasta con la de Mensajeros por la Paz, cuya directora general, Nieves Tirez, lamenta la «deshumanización» de las compañías en la mayoría de los casos en los que intervienen.

Casos muy puntuales, por los que ha pagado casi 17.000 euros que debían 67 familias de luz y gas, y siempre para evitar el corte de suministro. La mayoría son recibos «pequeñísimos de 50 o 60 euros, con apenas consumo y todo impuestos», denuncia.

A su juicio, la pobreza energética ha creado una nueva clase social, la del «trabajador pobre», cuyas precarias condiciones laborales no le permiten cubrir los recibos más básicos.

Pese a que es difícil de erradicar, sí que se puede avanzar en la terapia: a las voces políticas que han venido reclamando medidas urgentes, se unen otras como la de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, cuya portavoz, Cote Romero, ha urgido un pacto de Estado para que no haya ninguna muerte más.

Esta plataforma reclama al Gobierno que concrete quiénes deben ser considerados consumidores vulnerables, implementar medidas de ahorro energético, y, sobre todo, redefinir el actual bono social, cuyos beneficiarios gozan de una rebaja del 25 % de la factura aunque no tiene en cuenta su nivel de renta.

También propone rebajar el IVA, actualmente del 21 %, porque, tal y como apunta, la energía no es ni debe ser ningún lujo.