El límite de los pagos en efectivo bajará el próximo año de 2.500 a 1.000 euros
La gestión del IVA se hará en tiempo real para empresas y profesionales
El Gobierno aprobará el viernes en el Consejo de Ministros un conjunto de medidas para luchar contra el fraude fiscal que en su mayoría estarán centradas en el IVA. Fuentes próximas a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han indicado a la agencia Efe que el Gobierno ha preparado un decreto ley que incluye la limitación del pago en efectivo a los 1.000 euros, en vez de los 2.500 euros actuales, con la finalidad de frenar el fraude al IVA y la economía sumergida. Además, se aprobará el suministro inmediato de información del IVA, una medida que quedó pendiente en la legislatura pasada del PP y que estaba prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2017. De hecho, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, adelantó hace unos días que el Gobierno implantaría nuevas medidas para controlar las liquidaciones de este impuesto.
Información en tiempo real
El suministro inmediato de información del IVA es un nuevo sistema de gestión del IVA para empresas y profesionales, basado en información en tiempo real y que agiliza las devoluciones, proporciona al contribuyente los datos fiscales para su declaración y mejora el control tributario. Se trata de una adecuación del trámite a las nuevas tecnologías que previsiblemente sólo será obligatorio para las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, un colectivo de alrededor de 62.000 contribuyentes, mientras que para el resto será voluntario. El colectivo obligado a acogerse al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) representa el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España, tal como señaló el director general de la AEAT, Santiago Menéndez, cuando presentó este proyecto en la anterior legislatura.
Pagos aplazados
El tercer pilar del plan|plano de lucha contra el fraude que aprobará el Consejo de Ministros es el endurecimiento en los pagos aplazados, una medida que también supondrá incremento de ingresos en las arcas públicas. No obstante, Ciutadans ha insistido en que Hacienda tiene que recuperar lo antes posible el dinero que no afloró durante la amnistía fiscal al no abonar los acogidos a esta regularización el 10% que estipulaba la Ley y ha pedido al Ejecutivo que cumpla el acuerdo de investidura que firmó con la formación naranja. En este sentido, el portavoz de fiscalidad de Ciutadans, Francisco de la Torre, ha señalado que el Ministeri d'Hisenda tiene que instar en la Agencia Tributaria al hecho que revise los expedientes de los amnistiados a través de las correspondientes inspecciones. De la Torre ha recordado que la Agencia Tributaria envió cartas «sin acuse de recibo que no dejan constancia que se han recibido», por lo cual ha urgido a revisar a los 30.000 contribuyentes presuntos defraudadores.«Estamos a 30 de noviembre y aunque Montoro diga que no prescribe tiene que iniciar las inspecciones lo antes posible», ha señalado. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado en los pasillos del Congreso que el Gobierno está estudiando como aplicar la medida que pide Ciutadans y que los «técnicos de Hacienda están determinando cómo se puede hacer».