Ningún operador quiere renovar el servicio de las cabinas telefónicas

El futuro de las cabinas telefónicas parece estar en juego en España después de que ningún operador se haya presentado al concurso para renovar este servicio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya cuestionado su mantenimiento dentro del servicio universal de telecomunicaciones.

Varios factores influyen en la posible desaparición de las populares cabinas, que empezaron a funcionar en España en 1928, cuando se instaló el primer teléfono público en el Parque del Retiro de Madrid.

El principal de estos factores en su decreciente uso y el coste cada vez mayor de mantenerlas, en parte por el vandalismo que sufren.

El último capítulo de esta lenta decadencia ha llegado esta semana, al conocerse, por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que habían quedado desiertos los concursos convocados tanto para mantener los teléfonos públicos como para elaborar y entregar las guías telefónicas, servicios que hasta final de año están adjudicados en Telefónica.

Fuentes del sector dan por hecho que la operadora que preside José María Álvarez-Pallete tendrá que seguir prestando este servicio al menos un año más, mientras se decide si las cabinas se sacan del servicio universal de telecomunicaciones, como propone la CNMC y como ha ocurrido en países de nuestro entorno, como Francia.

Al no presentarse cabe operador al concurso, posiblemente se utilizará un procedimiento de designación directa para la gestión de un servicio que todavía es obligatorio prestar.

Eso supondrá que hasta que el Gobierno decida el contrario, las aproximadamente 18.000 cabinas que quedan en España tendrán que seguir operativas, añaden las fuentes.

Los teléfonos públicos forman parte del servicio universal de telecomunicaciones en España, con lo que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible.

Eso implica llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables, contar con cabinas telefónicas, guías de teléfonos y servicios adaptados para personas con discapacidad y, desde 2012, el acceso a la banda ancha.

El concurso, ahora desierto y que buscaba la renovación del servicio de cabinas por un año más, estipulaba como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, los que se sumaria uno más por cada 3.000 habitantes. En caso de localidades menores, habla de una cabina cuando esté justificado.

El incremento del coste de mantenimiento de estas cabinas ha llevado la CNMC a plantear al Gobierno que revise la obligación de mantenerlas dentro del servicio universal.

Según los cálculos que hace Competencia sobre lo que cuesta prestar el servicio universal, el coste de las cabinas se triplicó de 2012 a 2013 y volvió a subir en 2014 hasta 1,32 millones, pero las estimaciones de los expertos apuntan que en Telefónica le cuesta anualmente cinco millones de euros mantenerlas.

Además, cada vez hay menos teléfonos públicos en las calles españolas: actualmente quedan 18.300 en que dan servicio las 24 horas del días y los 365 días del año, según los datos de Telefónica.

De ellas, de acuerdo con fuentes del sector, 12.000 ya no son rentables y las que lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio.

El año en que hubo más teléfonos en la vía pública fue en 1999, aproximadamente 55.000, todavía que si se tienen en cuenta también los existentes en recintos privados como aeropuertos, hospitales, la cifra máxima se acercaría a los 100.000.