Se abren las puertas para ampliar los años de funcionamiento de las nucleares de los 40 a los 60

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha avalado este miércoles un dictamen favorable al hecho de que la central de Garoña, en Burgos, pueda operar hasta los 60 años, lo cual es un precedente para que las otras cinco plantas activas en España puedan seguir funcionando más allá de los 40 años por los cuales fueron diseñadas.

El CSN se ha pronunciado sobre la solicitud planteada hace dos años por Nuclenor, la empresa participada por Endesa e Iberdrola que opera Garoña, para que la planta pueda operar hasta el 2031, fecha en la cual se habrían cumplido más de 60 años desde su entrada en funcionamiento, en 1970. La petición a la cual el CSN ha dado respuesta este miércoles no tiene antecedentes en España, mientras que la norma hasta ahora era que una planta solicitara la renovación del permiso para operar por el mismo periodo de tiempos que comprenden las revisiones integrales de seguridad de este órgano, es decir, por un máximo de 10 años.

El máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España ha cambiado sus normas en estos dos últimos años para poder avalar una solicitud de ampliación de actividad de 14 años como la planteada por Garoña. La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada diez años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el CSN para operar. España adopta así una manera de proceder en esta materia similar a la francesa, de manera que los avales del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere sólo serán revocables por cuestiones de seguridad, y no atenderán a periodos fijados.

La resolución (preceptiva pero no vinculante) adoptada por el CSN no asegura que Garoña vuelva a conectarse a la red, de la cual lleva desenganchada desde diciembre de 2012, ya que ahora tiene que ser el Gobierno quien decida autorizarlo, y Endesa e Ibedrola los que decidan si quieren abordar las inversiones que se le exigen para el reenganche. El dictamen del CSN no cuantifica estas inversiones, ni Nuclenor ha dado este dato, pero expertos consultados calculan que podrían situarse en no menos de 150 millones de euros.

Posibles nuevas demandas

El visto bueno de hoy abre la veda para que las otras cinco plantas nucleares activas en España (Almaraz, Cofrents, Trillo, Ascó y Vandellós) pidan también operar más allá de los 40 años que irán cumpliendo en los próximos años. La siguiente que tendría que hacerlo es Almaraz, la nuclear que más electricidad genera (casi el 30% del total del sector), operada por Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa en la provincia de Cáceres, con dos reactores que entraron en funcionamiento en 1981 y en 1983.

Seguirían la de Cofrents, operada por Iberdrola en la provincia de Valencia, que se conectó en la red en 1984; la de Ascó, gestionada por Endesa e Iberdrola, con dos reactores que funcionan desde 1984 y 1986; la de Vandellós, en Tarragona, con un reactor activo desde 1988 y operado por Endesa e Iberdrola; y la de Trillo (Guadalajara), conectada desde 1988.

37 años máximo hasta ahora

Hasta ahora, el tiempo máximo que había estado conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969 -primera que operó en España- y 2006. La legislación española no establece un calendario de cierre de las plantas nucleares a medida que vayan cumpliendo cuarenta años. La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en el 2011 estuvo a punto de recogerlo con un párrafo que indicaba que el Gobierno «mantendría» el calendario de operación de las centrales «considerando el plazo de 40 años por el cual fueron diseñadas». No obstante esta cifra acabó eliminada a petición de Convergència i Unió, que sustituyó el texto anterior por otro que indica que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que pasa actualmente.

Las centrales nucleares generan el 20% de la electricidad que se consume en España, y sus defensores argumentan que es energía libre de emisiones de CO2 que contribuye a la lucha contra el cambio climático, constituyendo una manera de generación de transición imprescindible hasta que se implante el uso a gran escala de tecnologías renovables. Sus detractores invalidan estos argumentos alegando que el sector todavía no ha resuelto el problema clave de qué hacer con los residuos a largo plazo, y apelando a los riesgos para las personas y el medio ambiente de un posible accidente, con referencias a los ocurridos en la Isla de las Tres Millas a EE.UU., Chernobil en Ucrania, o Fukushima, en Japón.