Diari Més

Viloca se acoge a su derecho de no declarar ante el juez del Vendrell por el caso del 3%

El ex-director general de Infraestructuras.cat y cinco empresarios están citados este jueves

Plano medio del extesorero de CDC Andreu Viloca llegando a los juzgados del Vendrell para declarar ante el juez del caso 3%.

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El extesorero de CDC Andreu Viloca se ha acogido a su derecho de no declarar este miércoles ante el juez del Vendrell por el caso del 3%, que investiga la presunta financiación irregular del partido a través de la adjudicación de obra pública. La cita de Viloca no se ha centrado en los registros de la operación Pika del pasado 2 de febrero, si bien se han incluido hechos relacionados con la sociedad Barcelona d'Infraestructures Municipales (BIMSA) y la Autoridad Portuaria de Barcelona, según han detallado fuentes judiciales. Viloca ya fue detenido en octubre del 2015 en la operación Petrum, una fase previa del caso. Por otra parte, este jueves el juez ha citado a declarar al ex-director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y los empresarios Sergio Lerma, Josep Maria Bassols, Xavier Tauler, José Luis Romero y Fèlix Pasquina.

El extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña se ha negado a declarar ante el juez y de los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, aduciendo que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Viloca ha llegado a los juzgados del Vendrell poco antes de las diez menos cuarto de la mañana y ha salido más tarde por una puerta secundaria.

Inicialmente, su citación estaba relacionada con las fases previas del caso, como la operación Petrum III de octubre del 2015. Sin embargo, cuando se ha informado Viloca de sus derechos y se han planteado los temas que serían objeto de interrogatorio, también se han incluido las últimas investigaciones que afectan BIMSA y el Puerto de Barcelona.

A opinión de la Fiscalía, Viloca controlaba tanto las licitaciones y adjudicaciones de obra pública de las administraciones gobernadas por CDC como los supuestos «sobornos bajo la apariencia de donaciones». De hecho, a raíz de su detención en octubre del 2015 se obtuvo «información fundamental» que desembocó en la ejecución de diligencias para aclarar contrataciones presuntamente arregladas «encaminadas a la distracción de dinero público», según el ministerio público.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama investigada había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, sostiene el ministerio fiscal, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.

Para la fiscalía los hechos serían constitutivos de los delitos de organización criminal, soborno, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos.

Más declaraciones y posible levantamiento parcial del secreto de sumario

Este miércoles, el juez también había citado a los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, pero sus comparecencias se han aplazado hasta el jueves por problemas de agenda de sus abogados. Este jueves, pues, los dos se añadirán a las comparecencias del ex-director general de Infraestructures.cat, JoSep Antoni Rosell; el empresario berguedà Fèlix Pasquina; el exconseller delegado de Coloza, Xavier Tauler, y el presidente de Rogasa, Juan Luis Romero.

Según fuentes judiciales, el caso del 3%, que hasta ahora constituía la pieza separada número 3 del conocido como caso Torredembarra -con una decena de piezas en total-, se ha convertido en una causa propia. Ante la magnitud de la pieza, el magistrado ha transformado esta pieza en unas diligencias previas que continúan secretas.

Por otra parte, fuentes judiciales también han apuntado que este jueves se podría acordar el levantamiento parcial del secreto de sumario en relación en todas las investigaciones llevadas a cabo hasta abril del 2016. También está previsto que esta semana la Guardia Civil entregue al juez Josep Bosch el atestado que se deriva de los registros del pasado 2 de febrero.

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