Cargos del Gobierno aseguran que era muy difícil retirar la publicidad exterior del 9-N

Varios cargos del Gobierno y de una empresa de publicidad han asegurado este martes que era «complicado y difícil» retirar la publicidad del 9-N después de la providencia del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre. Han explicado que la cartelería exterior en marquesinas y autobuses se retira las noches del lunes al martes, y que si se hace otro día hay que pagarlo aparte. Por otra parte, el exsecretario general de la Presidencia, Jordi Vilajoana, ha asegurado que todas las cartas informativas sobre el proceso participativo se enviaron antes del 4 de noviembre.

En la segunda sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el exconseller de Presidencia Francesc Homs, los interrogatorios se han vuelto a centrar en la habilitación del centro de prensa, en la publicidad institucional del proceso participativo y en las cartas informativas remitidas a los ciudadanos mayores de 16 años.

El director general de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovés, y la responsable de publicidad institucional de esta dirección, Mònica Osàcar, han explicado que para publicitar el proceso participativo recorrieron a una contratación por vía de urgencia con alguna de las cuatro o cinco centrales de planificación de medios que tienen homologadas y que han ganado un concurso público anual. Cuando acudieron a la primera empresa, Cenit Comunicación, esta rechazó el encargo, como llegaba de forma «habitual y sistemática» porque la Generalitat pagaba muy tarde, y el encargo fue para la segunda empresa mejor puntuada, Media Planning. La campaña se contrató el 24 de octubre por casi 814.000 euros.

Empezó el 25 de octubre, se acabó el 9 de noviembre y se centró en exteriores, internet y cine, mientras que televisión y radio iban a cargo directamente del Gobierno. La publicidad exterior se contrata por semanas, y se centró del 4 al 10 de noviembre, ya que los carteles se cambian la noche de los lunes a los martes.

Genovés ha explicado que conoció la resolución del TC porque se habló al departamento, pero a él no le «correspondía» decidir si se seguía adelante o no. «No tuve ninguna indicación, no lo planteé a nadie ni nadie me lo planteó», ha asegurado. Además, ha explicado que se privaba pendiente de presentar un recurso de súplica para revisar la decisión del tribunal.

Por eso, era muy «complicado» retirar la cartelería exterior antes de tiempo, ya que se habría tenido que pagar aparte la retirada, como ha explicado Marta Coll, directora general de Media Planning en Barcelona. En cambio, la publicidad en internet hubiera sido más sencillo retirarla casi inmediatamente.

Preguntada por el fiscal, Coll ha dicho que una campaña publicitaria sólo la puede parar una orden judicial directa, Autocontrol, un organismo de las propias agencias de publicidad, o el mismo cliente.

Base de datos

Por otra parte, el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Federico Udina, ha explicado que firmó un convenio con Presidencia de la Generalitat para ceder temporalmente una base de datos denominada Registro de Población, que incluye los nombres y apellidos y las direcciones de todas las personas empadronadas en Cataluña. En este caso se cedieron los datos de los mayores de 16 años. El objetivo era que Presidencia informara en la población sobre el proceso constituyente. Cuando conoció la providencia del TC, el 4 de noviembre, la base de datos ya se había cedido. Fue destruida el 2 de diciembre, pero Udina no ha sabido explicar por qué fue el CTTI quien lo hizo.

El exsecretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, ha explicado que firmaron el convenio con el Idescat para poder informar en toda la población sobre el proceso participativo, y se encargó a una empresa de mensajería externa porque la propia Generalitat no tenía lo bastante medios para hacerlo tanto rápido. El departamento intentó que todo estuviera listo antes del 27 de octubre. El encargo en la empresa de correos Unipost se hizo el 31 de octubre y los envíos se acabaron de hacer antes del 4 de noviembre, según Vilajoana.

Rueda de prensa

Por último, la directora de la asesoría jurídica de la Fira de Barcelona, Fàtima Soro, ha reiterado lo que ya dijeron este lunes otros cargos de la Fira y de Focus: que la fecha del contrato y del presupuesto tenían que coincidir y que se puso 3 de noviembre porque era cuándo se habían concretado los términos telefónicamente. Además, el contrato tenía que ser confidencial para no revelar precios de alquiler de espacios a la competencia. El director de Negocio Externo de la Fira, Pere Camprubí, ha explicado que el acuerdo verbal, aunque sin concretar, fue «mucho antes de finales de octubre».

Por su parte, el jefe de Protocolo y Relaciones Externas de Presidencia, Carles Fabró, ha explicado que fue él quien encargó verbalmente a Focus, dentro del contrato marco anual, la adecuación de un centro para la prensa. Ha explicado que nadie de Presidencia, que él sepa, habló directamente con la Fira. Además, ha dicho que la providencia del TC del 4 de noviembre la conoció por la prensa y no habló con Homs, ya que él sólo se encargaba del centro de prensa y no creía que la rueda de prensa se anulara. «En ningún momento me planteé que la atención a los medios podía variar», ha explicado, ya que «pasara lo que pasara, había» que «informar».

Por la tarde, está prevista la declaración del expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente del ACM, Miquel Buch; el expresidente del Consejo para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer; el exsecretario de Comunicación del Gobierno, Josep Martí; y el presidente de la Comisión Jurídica Asesora, a Albert Lamarca.