Juzgan a un hombre por|para, supuestamente, asediar a una vecina con más de 3.826 llamadas y mensajes

El pasado jueves la propietaria de un local comercial ovetense declaró en el Juzgado de lo Penal después de recibir más de 3.826 llamadas y mensajes insultantes y pornográficos por parte de un vecino. «Me destrozó la vida. En cuatro días me llamó y escribió 837 veces. Tengo miedo de ir al garaje sola porque no hay cobertura, y al centro de salud voy acompañada porque tengo que pasar por donde vive él. Todavía estoy en tratamiento». El acoso empezó el 27 de marzo y finalizó el 6 de julio de 2014, fechas en que la víctima recibió 1.523 llamadas y mensajes en su teléfono móvil, y 1.098 más en su casa.

«Me ponía cosas cómo 'todo el mundo sabe que eres lesbiana; puta, zorra, chúpame la...» La víctima también declaró que «me sonaba el móvil continuamente. Se metía con mi hijo, y me llegó a asustar mucho. Me producía una enorme ansiedad, diarrea, vómitos, me desconcentraba».

La Policía empezó por montar un dispositivo de vigilancia en torno al negocio de la víctima, buscó a qué compañía telefónica pertenecía el número desde el cual se producía el acoso, y una vez localizada le pidió el listado de llamadas y mensajes y donde se recargaba la tarjeta. En uno de estos lugares había cámaras y una grabación en la cual se veía al acusado recargando la tarjeta. Los agentes se centraron ya en M. A. C. C., pero se produjo entonces un hecho que para ellos fue definitivo. La mujer se encontró un día con una gotera en su negocio. «Al mediodía me llegó un mensaje que decía: 'puta, si tienes una gotera jódete'. Llamé a la Policía y me dijeron que recordara quiénes habían entrado en la tienda aquella mañana. Sólo habían entrado tres personas. Una era un amigo de la familia, y de las otras dos, una era la mujer del acusado».

Durante el juicio el acusado sólo contestó a dos preguntas de su abogada, negando ser el autor de las llamadas. La tarjeta de prepago del número de teléfono de donde provenían las llamadas estaba a nombre de un tal Esteban Ramírez, que la policía no ha podido localizar. El acusado está, desde hace años, en tratamiento psicológico a causa de una manía persecutoria y obsesiva.

La defensa, ejercida por Ana Isabel Gallardo, reclamó la libre absolución basándose en el hecho de que todas las pruebas eran inconsistentes para condenar, ya que no se demostró que ni la tarjeta, ni el móvil fueran del acusado. La acusación particular, dirigida por el letrado José Quindós Alba, pidió dos años de prisión, prohibición de aproximación durante cuatro años y más de 32.500 euros de indemnización. La Fiscalía mantuvo la petición de 8 meses de prisión y 12.000 euros de indemnización por las secuelas psicológicas.