El Parlamento aprueba la ley de la seguridad social catalana con los votos de JxSí y la CUP

El pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una de las llamadas leyes de desconexión, la de la Agencia Catalana de Protección Social, que crea un organismo para coordinar todas las prestaciones y servicios sociales y se prepara para la posible asunción de nuevas competencias en caso de que Cataluña fuera un estado independiente. JxSí y la CUP han votado a favor de la ley y han rechazado las enmiendas presentadas por PSC, CSQP y Cs.

La ley crea la Agencia Catalana de Protección Social, el organismo encargado de desplegar el sistema de protección social de Cataluña, centralizar las prestaciones que en cada momento sean competencia de la Generalitat, organizar y gestionar los recursos del sistema de servicios sociales, y los otros que en un futuro se le puedan atribuir, y representar el Gobierno a las instituciones internacionales en materia de protección social.

La ley determina que el presidente de la Agencia tiene que ser nombrado por el Parlamento, a propuesta del Gobierno, y que el ente se tiene que financiar, entre otras fuentes, con los recursos derivados de las contribuciones al sistema de protección social en el marco de las competencias que en cada momento tenga atribuidas la Generalitat.

El texto ha llegado al Pleno con 74 enmiendas reservadas, muy conjuntas de los grupos del PSC y de CSQP, y con 10 enmiendas subsiguientes al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (1 de JxSí, 8 conjuntos del PSC y CSQP y 1 de Cs).

El Consejo dictaminó, a solicitud del PSC y de CSQP, que el apartado segundo de la disposición transitoria primera, que establece que «para dotarse del personal necesario para llevar a cabo las tareas que le son propias, tiene que tener en una consideración especial el personal que acredite experiencia en el sistema de seguridad social y de protección social», vulnera el artículo 23.2 de la Constitución, que establece que «los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». De esta manera se determinaba que el redactado priorizaba un segmento por delante de otros de la población, y eso sería inconstitucional.

En cambio, el órgano consultivo avaló el resto de artículos cuestionados por PSC y CSQP. Aun así, hace algunas recomendaciones por razones de técnica legislativa. El dictamen consideraba que se tiene que modificar el redactado de los artículos 3.1 b y 14.3 b para suprimir los incisos «en cada momento», así como las referencias del mismo tipo que se contienen en el preámbulo.

Joan Garcia, de C's, ha calificado la ley de «chapuza» y «cobarde» porque «la mitad tiene voluntad de desconexión y la otra mitad es una agencia autonómica». En un sentido similar, ha dicho que es una «ley cara e ineficiente» y ha criticado JxSí para hablar de «protección social» a pesar de los recortes presupuestarios que promovió CiU y, al mismo tiempo, no haber ampliado la cartera de servicios. También ha recriminado que no fuera propuesta por el Gobierno y que no pasara por el órgano consultivo del Consejo del Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC).

Eva Granados, del PSC, ha criticado la tramitación de la ley, que ha calificado de «Guadiana», porque se votó inicialmente en julio del año pasado, se hicieron «comparecencias de expertos a toda prisa» en noviembre, a los cuales JxSí y la CUP no «han escuchado», y hasta ahora no se ha aprobado definitivamente. De hecho, ha dicho que Cataluña necesita una agencia, pero «no esta», y ha recriminado a la consellera Bassa que la ley no resuelva los problemas de los catalanes más necesitados y que se mantengan «iniquidades territoriales».

Joan Coscubiela, de CSQP, ha dicho que la ley ha sido poco «rigurosa» en la tramitación y «poco útil» en el resultado final. Así, también ha pedido un papel más relevante de los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios.

Fernando Sánchez, del PP, ha desviado parte de su intervención hacia los hechos ocurridos este miércoles al Parlamento, con la aprobación de la ley del referéndum. Sobre la ley, ha dicho que es centralizadora, cosa que los soberanistas critican cuándo lo hace el gobierno español, según él.

Chakir el Homrani, de JxSí, y Albert Botran, de la CUP, han defendido la ley, así como la consejera|consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, que ha hecho una breve intervención final.