La fiscalía ordena también a las policías locales evitar el referéndum del 1-O

La fiscalía ha ordenado a todas las policías locales de Cataluña a impedir el referéndum independentista del 1 de octubre y a requisar las urnas y todo el resto de material electoral. Los cuatro fiscales jefe de las provincias catalanas han emitido una instrucción para que los Mossos ordenen a todos los jefes de las policías locales para que actúen como policía judicial y trabajen para intentar evitar el referéndum y requisen todo el material electoral. Esta instrucción complementa la que este martes emitió la Fiscalía Superior de Cataluña en el mismo sentido y dirigida explícitamente a los Mossos d'Esquadra.

Este miércoles por la mañana, los fiscales jefe se han reunido con los responsables de los Mossos d'Esquadra, la policía española y la Guardia Civil, que serán los encargados de hacer llegar la directriz a sus subordinados. En su instrucción, la fiscalía recuerda que la Ley de policías locales de Cataluña de 1991 habilita a las policías municipales para actuar como policía judicial a las órdenes de fiscalía y jueces.

Por eso, ordena a las policías locales «elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno» cuando conozcan algún acto preparatorio, que se remitirá «con carácter urgente al fiscal competente y copia a la policía judicial de los Mossos d'Esquadra a efectos de coordinación». Los policías locales tendrán que practicar «de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles».

«Con el fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, los funcionarios de la Policía Local procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal», concluye el escrito, añadiendo que si hace falta orden judicial para intervenir el material se tiene que comunicar rápidamente al ministerio público.

El escrito, como ya es habitual, recuerda los «reiterados» pronunciamientos del Tribunal Constitucional contra el referéndum y la obligación de todas las autoridades de impedirlo.