Medio centenar de personas bloquea el paso de la comitiva judicial en la sede de Unipost en Terrassa

Medio centenar de personas bloquea el paso de la comitiva judicial que tiene que dar validez al registro de la Guardia Civil en la sede de Unipost en Terrassa desde las cuatro y media de este martes por la tarde. En este local, el cuerpo policial estaría pendiente de requisar material relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Este material serían citaciones para las mesas electorales. La Guardia Civil ha llegado a la empresa hacia las seis de la mañana y llevan desde entonces esperando la llegada de la comitiva judicial. Finalmente la comitiva ha llegado a las cuatro y media de la tarde, pero no ha podido acceder al interior de la empresa porque se ha encontrado con este grupo de personas sentadas que se lo impide.

Policía Local, Mossos d'Esquadra y algunos de los manifestantes han intentado negociar con el grueso de los manifestantes para que dejen pasar a la comitiva judicial y evitar así la imagen de los Mossos, que tienen las competencias de seguridad ciudadana, desalojando la calle.

La negociación, sin embargo, no ha llegado a buen puerto y los manifestantes continúan sentados donde estaban desde hace más de una hora. Corean cánticos de independencia, o eslóganes como 'donde están las papeletas'. También exhiben carteles donde se puede leer la palabra 'democracia', otros a favor del sí al referéndum del 1 de octubre, esteladas o pancartas de Òmnium. También han entonado canciones como 'La estaca' de Lluís Llach.

La calle Mare de Déu dels Àngels, donde está la sede de Unipost, está bloqueada por dos cordones policiales. En el extremo donde está el cordón es más pequeño, hay un segundo grupo de manifestantes también haciendo cánticos.

La comitiva judicial trae la orden de entrada y registro del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, en funciones de guardia. El magistrado ha autorizado la intervención de todos los sobres sospechosos y la apertura de uno de ellos. La apertura se hará este mismo martes al juzgado, con presencia del secretario judicial, el fiscal y el magistrado, además de la Guardia Civil y un representante deUnipost. La resolución puede ser recorrida.

La resolución llega después de que la fiscalía haya pedido al juzgado de guardia la «intervención y apertura» de uno de los sobres localizados al almacén para «verificar» si su contenido puede constituir una colaboración con un posible delito de desobediencia. Si el resultado fuera «positivo», la fiscalía pide la intervención y apertura de toda la correspondencia «con las mismas características», la entrada y registro de las oficinas de la empresa y el registro de los libros contables, documentación y dispositivos, equipos y sistemas informáticos en los «términos expuestos en el oficio de la Comandancia de la Guardia Civil» de este mismo martes.

El juez explica en su resolución que para autorizar lainterceptacióde la correspondencia, protegida por la Constitución, sólo se puede hacer ante indicios de delito que pueda suponer al menos tres años de prisión. Ni el delito de desobediencia ni el de prevaricación llegan a este límite mínimo, pero sí el de malversación de fondos públicos. Según el magistrado, del oficio policial que acompaña la petición de la fiscalía «se desprenden claros indicios de la posible comisión de este delito, dada la objetiva localización de abundante e ingente cantidad de sobra con el logotipo de la Generalitat que podrían contener las tarjetascensalesnecesarias para celebrar el referéndum del 1 de octubre».

De hecho, el juez observa una «clara y directa conexión entre el sujeto que se verá afectado por la injerencia y el delito». Así, recuerda queUnipost está vinculada a la Generalitat a través de un marco contractual «idéntico o similar» al que se dio en el proceso participativo del 9-N del 2014.