El TC impone multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura Electoral
Los 12.000 euros son para cada uno de los siete miembros de la Sindicatura Electoral y para el secretario general de Vicepresidència i Economia, Jose Maria Jové
La Guardia Civil detiene al secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové
El Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto multas de entre 6.000 y 12.000 euros a los miembros de la Sindicatura Electoral. La decisión se ha tomado por unanimidad pero tres magistrados han emitido un voto concurrente que significa que, a pesar de estar de acuerdo con la decisión final, tienen una argumentación diferente. Las sanciones de 12.000 euros son para los siete miembros designados por el Parlament (cinco más dos suplentes) para configurar la Sindicatura Electoral, y las de 6.000 euros son para los quince síndicos territoriales. En la resolución, se advierte que las sanciones se empezarán a cobrar si «se persiste en el incumplimiento» justo al día siguiente de la publicación del acuerdo en el BOE. El TC también sanciona con 12.000 euros el secretario general de Vicepresidència i Economia, Jose Maria Jové (detenido miércoles por la Guardia Civil), y con 6.000 euros a la jefa del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, Montserrat Vidal Roca, investigada en la misma causa. Ésta es la primera vez que, después de la reforma de la Ley del TC en el 2015, se aplican multas a aquellos que no cumplan sus resoluciones.
El Tribunal Constitucional ha impuesto multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios a los miembros de la Sindicatura Electoral y dos miembros del Gobierno. En total, las sanciones afectan a 22 miembros de la sindicatura del 1-O, el secretario general de Vicepresidència i Economia, Jose Maria Jové (detenido miércoles por la Guardia Civil), y la jefa del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, Montserrat Vidal Roca.
Las sanciones más elevadas son para los siete miembros designados por el Parlamento para organizar las votaciones del referéndum (cinco titulares y dos suplentes) Las de 6.000 euros para el resto de síndicos territoriales (15), nombrados posteriormente por la misma Sindicatura Electoral.
La decisión se ha tomado por unanimidad pero tres magistrados han emitido un voto concurrente para fijar su posición. Eso significa que se muestran de acuerdo con la decisión final tomada por el plenario pero que con una argumentación diferenciada.
En la resolución, el tribunal expresa que las multas «no tienen la finalidad de sancionar sino de obligar el cumplimiento de sus resoluciones». Por eso, los magistrados apuntan que sólo empezarán a imponerse «en caso de persistir en el incumplimiento» a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la resolución.
El TC también pide a la fiscalía que investigue tanto los miembros de la sindicatura electoral catalana como los síndicos territoriales. Paralelamente, sin embargo, la Fiscalía Provincial de Barcelona ya se ha querellado contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral y pide al juez que los cite como investigados por los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos (que incluye prisión).
El pleno concede al fiscal y a los afectados un plazo de tres días para informar. Una vez recibidas las alegaciones, dictará una resolución «levantando, confirmando o modificando las multas diarias previamente adoptadas».
En el caso de las multas a los dos altos cargos, el TC afirma que se impondrán de manera diaria hasta que justifiquen ante el tribunal que «han revocado las resoluciones adoptadas, paralizando por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum». También insta la fiscalía a investigarlos por si puede exigir responsabilidades penales.
Primeras multas del TC
Hasta el 2015, el TC tenía capacidad de deducir testigo en la fiscalía, es decir, pedirle que investigara por si detectaba que se estaba incumpliendo alguna de sus resoluciones. A partir de la ley del tribunal (el año 2015), se añaden nuevas atribuciones a los magistrados que, ahora, tienen capacidad de imponer medidas coercitivas como la suspensión de cargos o las multas. Hasta el momento, no habían hecho uso de estas nuevas atribuciones.
El jueves 7 de septiembre, el Parlament aprobó, entre otros, el acuerdo que designaba a los integrantes de la Sindicatura Electoral. Un trámite que, inmediatamente, fue recurrido por el gobierno español delante del TC. El alto tribunal dejó suspender cautelarmente la medida, tal como le pedía la abogacía del Estado.
Después de esta decisión, sin embargo, se designaron los miembros de cada demarcación. Un movimiento que, desde el Estado, interpretaron como un incumplimiento de la medida del TC. Por eso, volvieron a recurrir a los magistrados para impedir que la sindicatura –responsable de organizar las votaciones- siguiera dando pasos.
La semana pasada, en un pleno extraordinario, los magistrados decidieron por unanimidad abrir la vía de las medidas coercitivas que, entre otros, les permite suspender cargo o multarlos. Dieron un plazo de 48 horas a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral a fin de que expliquen cómo están dando cumplimiento a las resoluciones. Ante una respuesta insatisfactoria, han decidido imponer las multas a los 24 cargos.