El juez investiga si la Generalitat ha gastado 6,2 MEUR en el referéndum
Según ha adelantado 'El País', el juez pide intervenir toda la documentación relacionada con el 1-O y la puesta en marcha de estructuras de Estado
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El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga si la Generalitat ha gastado 6,2, millones de euros al organizar el referéndum del 1 de octubre, según el auto en que ordena las entradas y registros que ha adelantado el diario 'El País'. En el escrito, el juez hace referencia a tres partidas: una del Departamento de Gobernación, de poco más de 400.000 euros, y dos más de fondos interdepartamentales, que suman 5,8 millones de euros, que estaban incluidas en los presupuestos del 2017. El magistrado ordena a los agentes que intervengan toda la documentación relacionada con la celebración del referéndum y «la puesta en funcionamiento de las estructuras de Estado».
El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que mantiene la causa bajo secreto de sumario, recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales las dos partidas incluidas en los presupuestos «en caso de que se destinaran a la financiación del referéndum». El magistrado pide incautar documentación en las dependencias de organismos públicos y a la empresa T-Systems, porque considera que puede «acreditar el posible desvío de fondo hacia actividades» que «han sido declaradas inconstitucionales».
El magistrado ordena a los agentes que requisen todo tipo de material, como «archivos, cajas fuertes, documentación física, equipos informáticos» o «discos duros remotos». El juez considera que estas diligencias son necesarias para descubrir «todos los autores, colaboradores, participantes o encubridores en todas las actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado, la celebración del referéndum para la consecución de la independencia de Cataluña y los otros hechos objeto de la presente investigación».
En el auto en el que ha tenido acceso 'El País', el juez no ordena explícitamente las detenciones, pero sí autoriza «incluida la detención» de aquellos que «traten de impedir, obstaculizar o evitar la práctica de las diligencias».