Rajoy allana el terreno para el 155 preguntando a Puigdemont que concrete qué declaró el martes

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que ha requerido formalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aclare el contenido de su comparecencia al Parlament de Catalunya, y específicamente si ha declarado la independencia. Según Rajoy, este requerimiento es «previo a cualquiera de las medidas que el gobierno español puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución» y busca ofrecer «claridad y seguridad» sobre una cuestión de gran impotencia. El presidente español, pero no ha querido concretar el plazo que ofrece al presidente de la Generalitat para que responda a este requerimiento. Este extremo se podría confirmar esta tarde durante la comparecencia del presidente español en el Congreso de los Diputados o bien jueves por la mañana, cuando aparecerá publicado en el BOE. En todo caso, el presidente español ha advertido que de la respuesta del presidente de la Generalitat dependen los acontecimientos que tienen que tener lugar «en los próximos días». Según fuentes de La Moncloa, los líderes del PSOE y de Cs estaban informados de lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Rajoy ha comparecido sin admitir preguntas de los periodistas después de presidir este Consejo de Ministros extraordinario. Según el presidente español el requerimiento busca aclarar la situación después de la «confusión generada por los acontecimientos que se vivieron ayer en el Parlament de Catalunya».

En concreto, según Rajoy, el requerimiento busca que Puigdemont «confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la confusión deliberada sobre su entrada en vigor». Ha asegurado que se trata de un requerimiento «previo a cualquiera de las medidas que el gobierno español puede adoptar al amparo del 155» que pretende ofrecer a los ciudadanos la «claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia».

En este sentido, ha apuntado que con el requerimiento el gobierno español «quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y evitar la confusión creada por la Generalitat».

La respuesta marcará los acontecimientos en los próximos días

Rajoy no ha aclarado uno de los aspectos esenciales de este requerimiento: el plazo que da a Puigdemont para que lo responda. El artículo 155 de la Constitución no establece ningún plazo para esta respuesta, y por lo tanto lo deja a criterio del gobierno español.

En todo caso, sería un plazo de días, porque según Rajoy, «en la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días».

«Si Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional se pondría punto y final a un periodo de inestabilidad, tensiones y ruptura de la convivencia», ha dicho, porque «es urgente ademán punto y final a la situación que se está viviendo en Cataluña y hace falta que devuelva la tranquilidad, seguridad y asosegamiento en la mayor brevedad posible».

Según Rajoy, en esta respuesta al requerimiento Puigdemont «también tiene la oportunidad de atender al clamor y peticiones que desde tantos ámbitos se le han ha hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad jurídica en Cataluña».

«Seguiré actuando como hasta ahora»

Rajoy ha querido cerrar su discurso prometiendo que seguirá actuando «como hasta ahora, con prudencia y responsabilidad, y teniendo siempre presente el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles».

El requerimiento es el paso previo al 155

El requerimiento anunciado por Rajoy es el paso previo necesario para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que establece que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que «atente gravemente contra el interés general de España», previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido con mayoría absoluta del Senado, el gobierno [español] podrá adoptar «las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de estas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

La Constitución no establece plazo

El primer paso es, pues, que el Consejo de Ministros se reúna y acuerde enviar un requerimiento a Puigdemont, tal como ha hecho hoy. La Carta Magna no establece el plazo que tendría al presidente para responder, de manera que el gobierno español tiene margen para determinar lo que considere oportuno. De momento, La Moncloa mantiene en secreto este aspecto, aunque lo tendrá que incluir al requerimiento que envíe a Puigdemont y que publicará en el BOE. Es posible que Rajoy lo dé a conocer a la comparecencia en el Congreso que empieza a las 16.00h.

Pasos siguientes

Según el artículo 155 de la Constitución y el reglamento del Senado, en que se tramitaría la aplicación de este artículo, en caso de que Rajoy no recibiera ninguna comunicación del Gobierno o bien la respuesta no fuera satisfactoria, los ministros se tienen que volver a reunir para aprobar un informe que detalle ya las medidas que piensan aplicar en Cataluña.

Este documento se envía entonces a la Mesa del Senado, que tramita el informe y lo hace llegar a la Comisión general de las comunidades autónomas. Esta comisión tiene que enviar un segundo requerimiento a Puigdemont y se le pide que aporte toda una serie de documentación o alegaciones en relaciones en las medidas que el gobierno español propone tomar en aplicación del 155. También se da la opción al presidente de designar, si lo considera procedente, a la persona que asuma la representación de estos efectos.

Una vez recibida la respuesta del presidente de la Generalitat, la comisión debate y somete a votación el informe elaborado por el Consejo de Ministros y también puede proponer «condiciones o modificaciones». El reglamento del Senado tampoco establece un plazo para estos trámites.

Este informe que salga de la Comisión general de las comunidades autónomas se debatirá, finalmente, en el plenario del Senado. El reglamento establece que podrán intervenir los portavoces de cada grupo y que tendrán dos turnos de intervención de un máximo de 20 minutos. La aplicación del 155 se tendría que aprobar por mayoría absoluta, como la que ya dispone el PP.

Según los cálculos iniciales del gobierno español, todos estos pasos se podrían dar con un máximo de cinco días. Ahora, sin embargo, insisten en que pueden llegar a aplicar este artículo (que nunca antes se ha utilizado en democracia) en un plazo menor.