La Fiscalía utiliza jurisprudencia del 23-F para justificar el delito de rebelión
Pide a cada querella 6,2 millones de euros de fianza por posibles responsabilidades
El Parlamento declara la República catalana independiente e insta al Gobierno a aplicar los efectos
La querella que la Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes contra el Gobierno y la Mesa del Parlamento justifica la imputación por un supuesto delito de rebelión en la existencia de resistencia durante la jornada del 1-O y por la actuación del Gobierno durante los últimos dos años, así como por el supuesto acoso a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Pinar y otros episodios.
Según el Fiscal, la «violencia» que requiere la acusación de rebelión «no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas». La Fiscalía basa esta premisa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de estado del 23-F porque «los rebeldes nunca pueden asegurar que su alzamiento será incruento, sin víctimas y sin derrame de sangre». La Fiscalía pide que se cite los querellados con «carácter urgente» para tomarles declaración y que los diversos tribunales puedan valorar si hay que adoptar medidas cautelares «de carácter personal, teniendo en cuenta a la gravedad de los hechos y los delitos imputados». En caso de que no se presenten, el fiscal pide la detención de los investigados.
Asimismo, también pide que se acumulen en esta causa las ya abiertas a la sala civil y penal del TSJC contra los miembros del Gobierno de la Generalitat y también contra la Mesa, también de los «testigos|testimonios de los particulares» que se consideren relevantes para acreditar los hechos expuestos a la querella. Maza también pide una fianza de 6.207.450 euros a cada una de las querellas como responsabilidad civil «para asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir».
