Prisión incondicional para los ocho consellers destituidos y eludible con 50.000 euros para Vila

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los consellers destituidos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó y Meritxell Borràs, y prisión eludible con fianza de 50.000 euros para Santi Vila. Lamela actúa de esta manera siguiendo el criterio de la Fiscalía, que ha reclamado estas mismas medidas después de las comparecencias donde todos –excepto Vila- han contestado sólo las preguntas de sus defensas. Los consellers destituidos y Vila (hasta que pague) ingresarán esta misma tarde en la prisión en régimen de reclusos preventivos. En dos autos, una para el gobierno destituido y la otra para Vila, la jueza justifica la prisión incondicional por la existencia de una «alta probabilidad de ocultación, alteración y destrucción de pruebas,» «alto riesgo de reiteración delictiva» y un «elevado poder adquisitivo» que les permitiría «abandonar el territorio y subsistir en el extranjero». Antes de adoptar esta decisión la fiscalía ha pedido a Lamela que emita una orden de detención internacional contra el presidente Carles Puigdemont y los consellers Comín, Serret, Monte y Ponsatí, y la remita a las autoridades belgas.

La jueza ha adoptado la decisión sólo 72 horas después de que la Fiscalía General del Estado anunciara el pasado lunes una querella por rebelión, sedición y malversación de fondos, además de delitos conexos, contra todos los miembros del gobierno de Carles Puigdemont. El martes admitió la causa y este jueves ha resuelto en horas la medida de prisión.

Lamela ha comunicado la decisión en una vista que se ha producido una vez acabadas las comparecencias de todos los exconsellers, que han acudido a la Audiencia Nacional acompañados de sus abogados. La que ha durado más ha sido la de Santi Vila: 45 minutos. El resto han sido breves por la estrategia de los exconsellers de responder sólo las preguntas de las defensas.

Los exconsellers han sido representados por tres defensas diferentes, aunque todos excepto villa han seguido la misma estrategia. Los miembros del Gobierno próximos al PDeCAT han sido representados por Jaume Alonso Cuevillas, mientras que los próximos a ERC por Andreu van den Eynde. Santi Vila por Pau Molins.

A fuera de la Audiencia Nacional han esperado una cincuentena de representantes de los partidos del gobierno cesado, ERC y PDeCAT, eso como de Cataluña en común. Han aplaudido a los consellers destituidos excepto Vila que ha llegado por su cuenta y que, por el contrario, ha sido lo único regañado por un grupo de ultras con banderas españolas.

En el auto por el que admitió la querella de la Fiscalía, la magistrada ya adelantó que impondrá medidas cautelares aduciendo que «existen factores para determinar la adopción de medidas cautelares de carácter real». Hace referencia al riesgo de huida y recuerda «la necesidad de que haya medidas cautelares en el proceso penal» en dos supuestos: si un proceso penal tiene una duración muy larga o si «la actitud de la persona afectada por el proceso que, si es culpable o así se siente, tiene una tendencia natural que lo llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el procedimiento penal cumpla su finalidad».

Lamela adoptará ahora una decisión con respecto al resto de miembros del gobierno cesado que se encuentran en Bruselas. Su el presidente Puigdemont y los consellers Comín, Ponsatí, Puig y Serret.