Los abogados de Sànchez y Cuixart llegan a la Audiencia Nacional para la vista sobre los recursos contra la orden de prisión
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional tendrá que resolver si libera a los presidentes de l'ANC y Òmnium Cultural
Los abogados de los presidentes de l'ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han llegado a la Audiencia Nacional para participar en una vista sobre los recursos que presentaron contra la orden de ingreso a prisión dictada por la jueza Carmen Lamela. La vista estaba prevista para las 10.00 horas y será la sala de lo penal quien tomará una decisión. Sànchez y Cuixart están en prisión preventiva desde el 16 de octubre, ingresados en el centro penitenciario de Soto del Real. Están acusados de un presunto delito de sedición por las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre durante el registro de la Guardia Civil en el Departamento de Economía.
En su recurso, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, criticó a la magistrada para hacer una «interpretación extravagante» de la ley para aprisionar|encarcelar a su cliente. Así, argumentó que no tiene competencias para investigarlo por sedición y consideró exagerados los argumentos para ingresarlo preventivamente en la prisión. Por eso, pide su libertad y, como mucho, retirarle el pasaporte u obligarlo a comparecer periódicamente en el juzgado.
Por su parte, el recurso de la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aportó material videográfico para demostrar que el 20 de septiembre, en la concentración ante el Departamento de Economía, «en todo momento» hizo «llamamientos a la movilización pacífica», que pidió «expresamente respeto por los mossos y miembros de los cuerpos de seguridad del estado» y que se aislara cualquier persona violenta. Según el escrito de la abogada, Marina Roig, las imágenes demuestran que su cliente «mediar» para conseguir que la Guardia Civil saliera de la Conselleria. También considera que el riesgo de fuga «no está justificado» porque Cuixart «tiene trabajo y domicilio conocido», y asegura que la jueza «no «puede alegar» riesgo de destrucción de pruebas porque el fiscal no lo hizo en su demanda ni tampoco de reiterar el delito porque la jueza «no concreta a que se refiere».
