La Fiscalía sostiene que Junqueras no ha renunciado al uso de «vías ilegales»
El ministerio público cree que el derecho a la participación política no es «justificación suficiente» para dejarlo en libertad
La Fiscalía sostiene que Junqueras no ha renunciado al uso de «vías ilegales» y considera que tiene que seguir en la prisión
La Fiscalía mantiene que el vicepresidente destituido Oriol Junqueras tiene que seguir en la prisión de Estremera porque cree que existe un «evidente riesgo de reiteración delictiva». En un comunicado, el ministerio público argumenta «la ausencia de un compromiso con la legalidad constitucional» por parte de Junqueras y que «no ha habido por su parte ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político». En más, la Fiscalía añade que el derecho a la participación política que esgrime la defensa, aunque «le ha permitido ser diputado electo», «no supone justificación suficiente para eludir la situación de prisión en la qué se encuentra».
Después de la vista celebrada en el Supremo este jueves, con la presencia de Junqueras, el ministerio público mantiene que el hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de rebelión «porque se han producido comportamientos violentos, al participar los días 20 de septiembre y 1 de octubre». También cree que también se pueden considerar como delitos de sedición y de malversación de fondos públicos, «infracciones muy graves en atención a las penas previstas» en el Código Penal.
Para el ministerio público, hay «datos objetivos indiciarios suficientes» para acreditar la participación de Junqueras en estos hechos «como promotor e impulsor de los mismos», citando las «evidencias documentales» que están incluidas a la causa, como el documento Enfocats o la agenda del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, y también «las diversas manifestaciones públicas» hechas por el vicepresidente destituido durante el 2017.
La Fiscalía concluye que estas evidencias muestran que Junqueras es «uno de los organizadores de los hechos investigados en esta causa y uno de los principales impulsores de las movilizaciones sociales dirigidas a la celebración del referéndum del 1 de octubre» y a «impedir la actuación de las fuerzas de seguridad del estado para restablecer la legalidad constitucional, hecho que supuso que se provocaran graves enfrentamientos».