El TC anula parcialmente el decreto de la ayuda de 426 euros pero no toca las subvenciones

El Tribunal Constitucional ha anulado algunos artículos del decreto que avala la ayuda de 426 euros mensuales a los parados de larga duración. La sentencia, sin embargo, no afecta al cobro de las subvenciones. Así, el alto tribunal da la razón al gobierno vasco y considera que el Programa d'Activació per a l'Ocupació aprobado por el gobierno español invade competencias autonómicas. El decreto, aprobado en diciembre del 2014 por el Consejo de Ministros, atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión de estas ayudas, así como la capacidad de otorgarlos. Pero el TC considera «inconstitucionales» las referencias del real decreto en el SEPE y señala que son las autonomías las que tienen estas competencias.

El TC recuerda que corresponde al gobierno español desarrollar la legislación básica sobre esta materia pero expone que «el Estado no puede ignorar que la competencia para la ejecución de las normas dictadas en virtud de la competencia estatal sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica corresponde, en principio, a las comunidades autónomas».

Así pues, considera «inconstitucionales y nulos» los preceptos del decreto que consideran que es el SEPE quien tiene que ser el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de esta ayuda económica de acompañamiento.