La ley electoral limita las cuestiones de confianza a dos por mandato

Con el «no» firme de PSC y CUP, y pocas semanas después de que, en el pleno del pasado 28 de diciembre, el alcalde se dirigiera a Ciudadanos para expresar que «no me gusta la intimidación con denuncias y solicitante prisión para mi persona y para concejales de este consistorio» y que «no habría hecho nunca lo que Ustedes» han «hecho», Carles Pellicer aborda sin apoyos a la vista, el jueves, un pleno que incluye la votación a los presupuestos municipales del 2018 como tercer punto del orden del día.

A la espera de que, hoy, el grupo que encabeza Juan Carlos Sánchez se posicione sobre el expediente que recibió el miércoles, la situación lleva al alcalde a impulsar una nueva cuestión de confianza para aprobar las cuentas. La segunda de consecutiva y la última que podrá presentar: la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) limita a dos dentro del mismo mandato, y jefe durante el último año que este se alargue, las veces que un alcalde puede utilizar este mecanismo para vincular un asunto como los presupuestos. El punto sexto del artículo 197 bis establece que «cada alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza cada año, a contar desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total de lo mismo. Ni se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada corporación». En el 2017, la herramienta sirvió Pellicer para desencallar, en junio, las cuentas en medio de la dificultad para alcanzar acuerdos. Una situación, ésta, que se repite y delante de la que el alcalde ha decidido mover ficha antes del año pasado.

La maniobra supondría, con el panorama actual, asumir todavía menos riesgos, teniendo en cuenta que el contexto catalán y movimientos en los juzgados han anulado todas las sumas posibles de cara a una moción de censura.

Cuentas «ficticias» y el Hospital

El grupo municipal socialista, que ya había adelantado semanas atrás que no se veía dando apoyo a las cuentas aunque el alcalde lo perfilara como la única vía de diálogo abierta, confirmaba ayer la negativa después de revisar el expediente de cuentas. El portavoz socialista, Andreu Martín, anunciaba el voto en contra porque «no podemos dar apoyo a un presupuesto inferior en el del año anterior» y el cual «consideramos que es ficticio y no aclara si el consorcio del Hospital Sant Joan saldrá adelante». Martín detallaba que «el presupuesto contempla la actividad normal, sin consorcio, durante todo en el 2018» para el Sant Joan, una cuestión que «es incoherente con el compromiso del Ayuntamiento», aunque también incluyen 3 millones de financiación de la Generalitat. Con todo, el PSC presentará enmiendas.

Un gobierno «que está a la deriva»

Al frente de la CUP, la portavoz Marta Llorens concretaba también ayer que «no daremos apoyo a los presupuestos» por «tres motivos evidentes y flagrantes». El primero, que «son unas cuentas que responden a la forma de ir a la deriva de este gobierno, sin un plan de acción municipal, e invierten en proyectos envasados al vacío sin uno análisis de si son favorables a la ciudadanía». El segundo, que «no responden a las líneas que marcamos en la campaña Recuperamos Reus y donde|dónde ahora añadimos una cuarta pata, que sería un posicionamiento firme sobre implementar la República desde los municipios». El último, que «el alcalde y su gobierno no tienen ninguna intención de hacer política. Porque tendría que haber tocado en la puerta de los grupos hasta el último momento y no lo ha hecho». Llorens lamenta que «se haya pegado el gusto|sabor a una legalidad donde en un mandato se pueden presentar dos cuestiones de confianza y el gobierno que salga en mayo del 2019 tendrá que hacer frente a presupuestos prorrogados».