El Supremo niega a Junqueras y Sànchez un permiso extraordinario para poder asistir mañana al pleno de investidura

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena ha denegado este lunes el permiso extraordinario de salida de la prisión que le habían solicitado al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, y el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, para poder asistir como diputados electos a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalitat que se celebrará en el Parlament de Catalunya este martes. Según el magistrado, se mantienen las circunstancias del auto que dictó el día 12 de enero, cuando concluyó que los dos -junto con Joaquim Forn- están incapacitados para poder asistir a los debates y votaciones del pleno. El juez también ha preguntado en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que le envíe los correos electrónicos de 32 personas, tal como ya hizo el 11 de enero, porque cree que este organismo no le remitió toda la información cuándo hizo la primera petición.

El juez ha desestimado los recursos que Junqueras y Sànchez habían presentado junto con Joaquim Forn contra el auto del 12 de enero del 2018 que les negaba la posibilidad de asistir al pleno del Parlament. En concreto, el juez declaraba que los tres tienen una incapacidad legal prolongada para estar presentes y participar en los debates y votaciones, aunque son diputados electos. Llarena también dictó en aquel auto que correspondía a la Mesa del Parlament arbitrar el procedimiento para que pudieran delegar sus votos en otros diputados mientras continúen en prisión provisional.

Pide correos al CTTI

El magistrado también ha dictado una providencia donde pide en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat que le envíe «de forma inmediata» todos los mensajes correspondientes a la totalidad de direcciones de correo electrónico ya sean personales o en razón de cargo- de 32 personas relacionadas con la investigación del 1-O, tal como ya había pedido el 11 de enero. Lo hace en base a una información de la policía judicial en el sentido que el CTTI no le había entregado toda la documentación solicitada. A su auto el juez reclama ahora que se indiquen los motivos que llevaron «a no dar cumplimiento inicial a lo que se requería».