La CNMC para la indemnización de 1.350 MEUR en el exconcesionario del proyecto Castor

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado el pago del crédito de 1.350 millones de euros que sirvió para indemnizar a la empresa exconcesionaria del proyecto Castor, Escal UGS. La decisión es fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado diciembre, que declaraba inconstitucional varios artículos –el 2.2 y del 4 al 6- del Real Decreto Ley 13/2014 aprobado por el Consejo de Ministros por la renuncia al proyecto de la empresa controlada por el grupo ACS. La CNMC ha hecho pública esta decisión con la publicación de la liquidación provisional del sistema gasista correspondiente al mes de noviembre de 2017. Así pues, las entidades financieras con las cuales Enagás suscribió el crédito -Bankia, Caixabank y Banc de Santander- dejan de percibir los 6,7 millones de euros mensuales a cargo del sistema gasista durante el ejercicio de 2017. También en aplicación de la sentencia del TC, a raíz de los recursos que presentaron el Gobierno, el Parlamento y el PSOE, la CNMC ha anunciado que el sistema dejará de liquidar los 15,7 millones de euros a Enagás correspondientes a los costes de mantenimiento de las instalaciones hibernadas del fracasado almacén de gas submarino.

«Como consecuencia de la anulación del artículo 5, se paralizan los pagos destinados a materializar el derecho de cobro -6,7 millones de euros mensuales- contenido en este artículo y sus titulares dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones», relata el informe. Así las cosas, la CNMC no sólo ha dejado de incluir esta partida a la liquidación provisional de noviembre, sino que también ha restado|quedado los 67,21 millones de euros pagados durante los diez primeros meses del ejercicio 2017. Mientras la liquidación anual de los sistema gasista no se eleva a definitiva, el organismo puede restar los pagos anteriores dentro de 2017 para dar cumplimiento a la sentencia.

La medida, sin embargo, no afectaría, de entrada, al pago de la primera anualidad del crédito, el pasado 2016, cuando Bankia, Caixabank y Banc de Santander empezaron a percibir 80,66 millones de euros anuales por este concepto. En este caso, el gobierno español tendría que reclamarla directamente a las entidades bancarias. El crédito de 1.350 millones de euros suscrito por Enagás para indemnizar a la filial de Florentino Pérez, con un 4,3% de interés y a volver en 30 años, suponía cargar sobre los bolsillos de los consumidores una factura final de 2.420 millones de euros –una cifra que se eleva además de 3.300 millones si se incluyen otros pagos y gastos ocasionados por el almacén de gas submarino.

De hecho, aparte de paralizar el pago del crédito, la CNMC también elimina del procedimiento de liquidación del ejercicio de 2017 los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo del ejercicio gasista. Es también otra de las consecuencias de la sentencia del TC, que anulaba el artículo 6 del real decreto, por el cual se reconocía el pago a, Enagás, sin ningún tipo de procedimiento público de concurrencia, la hibernación y mantenimiento las instalaciones a la espera de una decisión definitiva del gobierno español sobre el futuro del fracasado almacén de gas submarino. Son 15,7 millones de euros anuales que se han cargado anualmente la factura del gas del consumidor desde el pasado 2015. Una cifra, sorprendentemente, equiparable al coste de mantener en funcionamiento el único almacén submarino actualmente en funcionamiento en el Estado español, el de Gaviota, con un coste de 17,70 millones anual.

Las medidas anunciadas por la CNMC llegan justo el mismo día que el ministro de Energia, Álvaro Nadal, tiene que explicar ante el Congreso las medidas tomadas por el gobierno español en relación a la sentencia de inconstitucionalidad y el futuro de los cuestionados pagos. De hecho, mucho pocos días después de que se hiciera diera a conocer la resolución del TC, el mismo Ministerio publicaba en el BOE la orden anual de retribuciones previstas por el sistema gasista en la cual incluía, nuevamente, 96,38 millones de euros para el pago del crédito de la indemnización y el mantenimiento de las instalaciones del proyecto Castor. Aunque no va a entrar a discutir el fondo del asunto, el TC cuestionó abiertamente que el gobierno del PP escogiera un real decreto ley para aprobar, en octubre de 2014, la indemnización y el mecanismo para financiarla. Esta figura normativa, reservada para situaciones de necesidad urgente, recordaba la sentencia, permitía el ejecutivo evitar el control parlamentario y ciudadano de la medida aprobada.