Archivan las diligencias del caso de la violación de un niño de 9 años por sus compañeros de escuela

La Fiscalía de Menores ha archivado las diligencias del caso del niño de 9 años presuntamente violado por compañeros de colegio de la Sierra de Jaén, al ser los agresores no imputables para ser menores de 14 años, han informado fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía. La Fiscalía ha trasladado el caso a la Junta de Andalucía, que desde las consejerías|conselleries afectadas, atención al menor y asuntos sociales investigan el ocurrido y tendrán que decidir las medidas necesarias.

Instituciones como la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo y del Menor han hecho un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación delante de la gran presión que están ejerciendo sobre los menores implicados y sus familias. El Gobierno andaluz ha sido el más activo a la hora de reclamar «cautela y respeto» para garantizar la protección e intimidad de los menores, tanto de la presunta víctima, un niño de 9 años, como de los supuestos agresores, cuatro compañeros de entre 12 y 14 años de un colegio de la comarca de Cazorla.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprovechado una visita en Línea de la Concepción para pedir a los medios de comunicación «respeto» a la familia del menor y ha lamentado la «presión mediática desproporcionada» que se está produciendo en las puertas del domicilio de la familia. Díaz ha recordado que jueves pasados pidió «respeto, porque es un menor» pero el viernes «lamentablemente» ha constatado que «este respeto no se está dando a la familia».

«Entiendo que hay que informar y es importante que haya transparencia, pero depende de cómo se trate una noticia el impacto sobre la familia será uno u otro, y hoy esta familia se siente mal», ha indicado la presidenta. Ha hecho un llamamiento a la «sensibilidad» y la «humanidad» de los medios de comunicación, dado que «hay un acoso importante en las puertas de la casa, en un municipio pequeño».

La presidenta ha dicho que el primero es «proteger los datos del menor» y ha profundizado que «después, hay que aplicar toda la contundencia para saber qué ha pasado, y la Fiscalía de Menores y la Delegación del Gobierno tienen que llegar hasta el final».

En este sentido, el Defensor del Pueblo andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, ha advertido que el hecho de que los menores no sean imputables «no quiere decir que los agresores se vayan de rositas». Cuando haya certeza de quien son los autores tienen que entrar en un programa de reeducación de abusos sexuales y hay que establecer si las familias tienen que entrar también. Hacerles entrar en el Código Penal los convertiría en carne de prisión», ha subrayado. Maeztu ha rechazado endurecer la ley del Menor para casos como este y ha abogado por un programa de reeducación para evitar los abusos sexuales.

Con respecto al papel de los medios de comunicación, Maeztu los ha pedido un comportamiento responsable para proteger la intimidad de los menores y sus familias, y ha esgrimido que las instituciones que investigan el caso «necesitan un espacio de silencio».

En esta misma línea se han expresado las consejerías andaluzas de Políticas Sociales y de Educación, que han pedido protección para los menores, especialmente la agredido para evitar que se lo victimice doblemente con la presión social y mediática.

La consejera de Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha considerado conveniente que el menor y su entorno recuperen la normalidad, que el niño pueda volver a clase y que «no sienta que, además de la violencia sexual», sufre la presión social.

A la necesidad de la reeducación se ha referido también el juez de menores de Granada Emilio Calataiud, quien ha pedido que se deje trabajar a la justicia y ha apostado por una mayor educación y autoridad como forma de combatir en el futuro estos delitos.

El titular del Juzgado de Menores 1 de Granada, conocida por sus sentencias ejemplarizantes, ha solicitado además que no se hagan «espectáculos» y ha considerado necesario «dejar claro» que se trata de un hecho «muy poco habitual» y que los colegios son seguros. «Cuando hay niños de 12 años que sólo están pensando en el sexo y a violar en lugar de jugar a policías y ladrones es que nos hemos equivocado en todo», ha indicado al juez.

Calataiud ha asegurado que hay que dejar «que los niños sean niños» y no empujarlos a ser «adultos prematuros», al mismo tiempo que ha recordado que hay muchos menores que han visto pornografía, que está «a un clic de sus teléfonos inteligentes» en una sociedad del «todo vale para vender».