Un hospital pierde, otra vez, el semen congelado de un hombre que no podrá ser padre

Una pareja exige al Servicio Madrileño de Salud 200.000 euros después de que hayan desaparecido las muestras de semen que permanecían congeladas en el Hospital Ramón y Cajal desde hacía 15 años, este es el segundo caso de que ocurre en este centro en los últimos meses, y que impedirá a una nueva pareja tener hijos biológicos.

Los hechos empezaron en enero de 2003 cuando el paciente, que tenía 32 años en aquel momento, fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin en un hospital de Burgos, por lo cual tuvo que hacer frente a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que consiguió remitir por completo el cáncer.

Pero antes de empezar con el tratamiento, los oncólogos le advirtieron de los problemas de fertilidad derivados del tratamiento, en muchos casos irreversibles, por lo cual le recomendaron que almacenara y congelara varias dosis de esperma de cara a su utilización futura en un tratamiento de reproducción asistida. Con la finalidad de incrementar las posibilidades de éxito ante un futuro embarazo, el paciente realizó dos ciclos de criopreservación en Ramón y Cajal con siete dosis almacenadas en este centro, responsable del mantenimiento y conversación al banco de semen.

Así consta en un documento que le fue entregado al paciente por los doctores de la Unidad de Andrología, que se comprometían a notificarle previamente cualquier tipo de cambio en la situación de las siete dosis.

Como consecuencia del tratamiento oncológico, confirmaron al paciente que sus muestras de semen de Ramón y Cajal eran su única opción para tener hijos.

Desde este momento, el hospital le comunicó periódicamente que las muestras estaban controladas hasta que en el año 2017 la pareja se puso en contacto con el centro para iniciar el tratamiento de reproducción asistida, pero al cabo de pocos días de su solicitud recibieron una inesperada llamada del centro para concertar una reunión.

El motivo era que el hospital no localizaba las muestras de semen, «lo cual suponía que nunca podría tener hijos por un error garrafal e irreparable de gestión del banco de semen», según recoge la reclamación presentada por los letrados Javier de la Penya a Isabel Bonilla, de Lex Advocacia.

Se da la circunstancia de que este relato coincide casi punto por punto con el de Javier, otro joven que también reclama 200.000 euros al Servicio Madrileño de Salud, porque el mismo hospital perdió inexplicablemente sus dosis de semen después de estar 16 años almacenadas. En este segundo caso, los doctores reconocieron abiertamente a este otro paciente que «no sabían que había pasado con sus muestras, que habían buscado en todos los tanques y que no las habían encontrado.»

Como alternativa, los doctores les ofrecieron que se sometieran a un tratamiento de reproducción asistida con semen de donantes sin necesidad de tener que estar en lista de espera. Pero lo más grave, señala el escrito, es que el hospital todavía no ha podido dar una sola explicación de lo que ha ocurrido. «No se sabe si las muestras se han destruido, si se han extraviado, se han dado a otras parejas o se han utilizado para investigaciones».

Con este panorama, el hombre presentó en abril de 2017 una queja a Ramón y Cajal y, ante la falta de respuestas, solicitó siete meses después su historial clínico, pero la respuesta del centro fue nuevamente sorprendente cuándo le comunicó que no consta en los archivos ningún historial de este paciente.

Ante la falta de explicaciones del hospital, que desconoce lo sucedido con las muestras, los abogados se plantean la posibilidad real que «el material biológico del hombre haya sido utilizado para una donación a otra pareja sin su consentimiento, de manera que podrían existir hijos biológicos sin él saberlo ni haberlo consentido, y hasta podría ser capaz de no saberlo nunca».

Es por eso, que la pareja reclama una indemnización de 200.000 euros por la imposibilidad de ser padres biológicos, por la falta de explicaciones reales sobre la destinación de las muestras, ante la posibilidad de que estas hayan sido destinadas a una donación y porque durante 15 años siempre se les informó de que todo estaba bajo control.