JxCat, ERC y CUP acuerdan avalar la legitimidad de Puigdemont como candidato sin ratificar la DUI
El texto constata que el 21-D «se ratificó la mayoría favorable a las fuerzas independentistas y a la constitución de Cataluña como estado independiente en forma de república»
JxCat, Izquierda y la CUP han llegado a un pacto para la propuesta de resolución que se aprobará, previsiblemente, este jueves al pleno del Parlamento. El texto definitivo, después de negociar y acordar las transacciones con las enmiendas que la CUP había hecho al documento original de JxCat, avalar la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat dado los acontecimientos que se han sucedido desde que fue investido hasta las elecciones del 21-D. El texto, en lo que ha tenido acceso el ACN, también constata que con el resultado de estos últimos comicios «se ratificó la mayoría favorable a las fuerzas independentistas y a la constitución de Cataluña como estado independiente en forma de república». Lo que no ha conseguido a la CUP es que se ratifique la declaración de independencia ni lo que pasó el 27 de octubre en el Parlamento. Haber cerrado este acuerdo entre los tres, hace que las polémicas enmiendas de la CUP que tanto alboroto levantaron y que hicieron saltar las alarmas del Estado, quedan sin efecto y no se votarán al pleno.
La propuesta de resolución definitiva ya está entrada al registro del Parlamento, y cuenta con gran parte del texto original de JxCat, algunas de las enmiendas de la CUP incorporadas, y unas cuantas transacciones que provocan que este nuevo texto deje sin efecto las polémicas aportaciones que hacían los anticapitalistas y que hicieron que el gobierno español y la Fiscalía avisaran de que podrían emprender acciones judiciales contra la Mesa y el pleno.
Así, la resolución que llega a debate y que se votará constata que las elecciones del 21 de diciembre «han ratificado la mayoría favorable a las fuerzas indendependentistes» y, por lo tanto, «a las formaciones políticas favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución de Cataluña en un estado independiente en forma de república». Sin embargo, no ratifica en ningún momento la declaración de independencia ni reivindica lo que pasó el 27 de octubre al Parlamento, tal como quería inicialmente a la CUP.
En el texto, también se deja claro que los miembros del Parlamento «disfrutan de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad parlamentarias las cuales tienen que garantizar, respectivamente, la libre formación de la voluntad de la cámara y que no se altere la composición que le ha dado voluntad popular», haciendo constar así que, si quisieran, podrían aplicar sus planteamientos políticos avalados por las urnas, pero sin hacer ninguna referencia explícita ni a la independencia ni a la República proclamada.
Con respecto a Carles Puigdemont y su figura, el texto definitivo remarca -como ya hacía la resolución original- que fue investido en el 2016, que superó una moción de confianza y que «ha sido avalado a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 (que configuraron una mayoría independentista en esta cámara), para ser el legítimo candidato del Parlament a la presidencia de la Generalitat en esta legislatura.» También se manifiesta que Puigdemont «sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para poder ratificarle la confianza como Presidente,» avalando así su legitimidad como candidato y presidenciable. Sin embargo, por ningún sitio se pide que sea él la persona investida ni que sea un papel sólo reservado para él.
Las transacciones acordadas con la CUP también han hecho que la resolución exija «que cesen las injerencias del gobierno del Estado delante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el Referéndum de autodeterminación de Cataluña de I'1 de Octubre».
El otro gran bloque del texto es el que hace referencia al artículo 155 de la Constitución, a su aplicación en Cataluña y a lo que eso ha supuesto. En este sentido, la resolución manifiesta «el rechazo más absoluto» del Parlamento al 155 así como sus efectos sobre las instituciones democráticas catalanas, que han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas y cesado sus representantes escogidos democráticamente y exige, por lo tanto, poner fin a su aplicación de manera inmediata». De la misma manera, se denuncia «la deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español que se hace evidente en actuaciones impropias en el seno de los poderes ejecutivo y judicial».
También se acuerda que estos efectos negativos derivados de la actitud del Estado y del 155 se plasma «en resoluciones judiciales que mantienen en situación de prisión preventiva a cuatro ciudadanos». «Las opciones ideológicas legítimas y democráticas señaladas en estas resoluciones representan hoy, como mínimo, 70 diputados y diputadas de esta cámara», se añade. Por último, se «denuncia» igualmente la «represión generalizada del Estado español sobre el movimiento republicano catalán», y la «destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su gobierno mediante la aplicación del artículo 155», aprovechando aquí para «proclamar la voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.