Lamela deja en libertad con medidas cautelares a Pere Soler

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad con medidas cautelares al exdirector de los Mossos Pere Soler. La Fiscalía, sin embargo, solicitaba para él libertad bajo fianza de 100.000 euros, una medida que la magistrada no ha aceptado. Por el contrario, Lamela ha ordenado la retirada del pasaporte a Soler, que no podrá abandonar el territorio español sin pedir un permiso previo a la Audiencia Nacional y que tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado. Soler está investigado por dos delitos de sedición por los hechos ocurridos durante los registros del 20 de septiembre en la Conselleria de Economía y también para el 1-O. Lamela lo ha citado a instancias de la Fiscalía a la misma causa abierta contra el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana. Después de él, es el turno de declarar del exsecretario general de Interior, Cèsar Puig.

La declaración de Soler ha durado casi dos horas y media y el interrogatorio de la Fiscalía quería probar qué papel había tenido el cuerpo de Mossos D'Esquadra durante estas dos fechas: el 20 de septiembre y el 1 de octubre.

Después de escuchar su versión, la Fiscalía ha solicitado a Lamela que lo ponga en libertad bajo una fianza de 100.000 euros. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía entiende que existe riesgo de huida y de reiteración ya que hay «nuevos fugats» y que su partido «persiste en investir a un preso y quiere perpetuar el proceso». Las mismas fuentes apuntan que la Fiscalía cree que los partidos independentistas quieren «investir un fugat como presidente de facto» y buscar «espacios políticos libres en el exilio».

La versión de la Fiscalía

Con respecto a su actuación antes y durante el referéndum, estas fuentes apuntan que el papel de Soler era el de facilitar la celebración del referéndum. Fuentes presentes en la investigación apuntan que el fiscal ha remarcado que era un mando importante dentro del cuerpo y un responsable político y que era «pública» su «inclinación» en favor del referéndum.

Incluso, aseguran estos fuentes, así se lo comunicó al mayor Trapero «incitándolo tácitamente» a no impedir el referéndum. Según fuentes jurídicas, Soler tenía «asumido» que el referéndum se iba a celebrar aunque «formalmente» nunca dijo que incumpliría órdenes judiciales.

Durante la declaración, además, la fiscalía ha puesto de relieve que el cuerpo estaba advertido por el Tribunal Constitucional que tenía que impedir el 1-O pero que «mejor hicieron el contrario». Considera que Soler «hizo ver» que se actuaban para evitar el referéndum para «eludir imputaciones penales a los Mossos». También lo ha acusado de plantear «campañas populares» contra la Fiscalía a pesar de defender que sólo eran «opiniones transmitidas en Trapero y el resto de consellers».

Además, Soler habría reconocido que recibió pautas de actuación por parte de los Mossos e informes de valoración previa a la celebración del referéndum y que, por lo tanto, «tenía que saber qué iba a pasar en los lugares de votación».

Medidas cautelares más duras que a Trapero

Aunque la magistrada Carmen Lamela no ha accedido a la petición de fianza de 100.000 de la fiscalía (el doble que había pedido para Trapero), ha acordado medidas cautelares para Soler. El exdirector de los Mossos no podrá salir del Estado sin un preceptivo permiso, tendrá que entregar el pasaporte, tiene que facilitar un teléfono de contacto y se tiene que personar semanalmente en el juzgado más próximo. En esencia, son las mismas restricciones aplicadas a Trapero aunque el exjefe de los Mossos tiene comparecencias cada quince días y no semanalmente.

Después de Soler declara el exsecretario general de Interior, Cèsar Puig, que también fue destituido por la aplicación del artículo 155.