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La defensa de Urdangarin pide la absolución porque «ya ha sido condenado mediáticamente»

La fiscal del 'caso Nóos' reprocha a los gobiernos balear y valenciano «arbitrariedad» para adjudicar proyectos a Urdangarin

Los magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso Nóos

La defensa de Urdangarin pide la absolución porque «ya ha sido condenado mediáticamente»EFE

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La fiscal del Tribunal Supremo que ha presentado el recurso pel 'caso Nóos', María Ángeles Garrido, ha reprochado este miércoles a los gobiernos valenciano y balear del PP que adjudicaran proyectos deportivos y turísticos a la organización de Iñaki Urdangarin de forma «arbitraria» y sin concurso público. No obstante, ha señalado al exduque de Palma y a su exsocio, Diego Torres, que instigaran la prevaricación de altos cargos públicos. Durante la vista oral para presentar los recursos de casación, las defensas han pedido la absolución y los abogados de los exduques de Palma y de Torres han alegado que han sido condenados sin pruebas y se los ha perjudicado socialmente y por los medios de comunicación.

El Supremo tendrá que deliberar sobre los diversos recursos, incluida la petición de la fiscalía de incrementar la pena de prisión de seis años y tres meses a 14 años y medio para Urdangarin. También se verán los recursos de la acusación popular Manos Limpias, la Abogacía del estado, el gobierno balear, y las defensas del propio Urdangarin, su exsocio Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas. La infanta Cristina y la mujer de Torres, entre otros, se conformaron con la sentencia.

El ministerio público, que había pedido al final del juicio 19 años de prisión, no está de acuerdo con la sentencia de la Audiencia de Palma y pide un aumento considerable de penas, para tener en cuenta menos atenuantes y considerar más graves algunos de los delitos. Igualmente, también pide un incremento de pena para Diego Torres, condenado a ocho años y medio de prisión. También pide incrementar la pena de prisión contra el expresidente balear Jaume Matas, de 3 años y 8 meses a 4 años. Por último, pide la inhabilitación de tres altos cargos valencianos por prevaricación en la organización de acontecimientos en la capital valenciana, cargos que quedaron absueltos por la Audiencia de Palma.

En su intervención, la fiscal Garrido ha culpado a Urdangarin i Torres de corromper altos cargos para conseguir firmar convenios con las administraciones para organizar grandes acontecimientos turísticos y deportivos, sin pasar por ningún concurso público ni ningún control detallado de los gastos. Por eso, ha recordado que las administraciones públicas no tienen libertad absoluta para adjudicar y gastar lo que se quiera, sino que se tienen que justificar la necesidad, la elección del adjudicatario y los gastos con el fin de garantizar el interés público.

La abogada del estado ha pedido también un incremento de las penas, y ha aumentado en 71.000 euros los importes defraudados a Hacienda por parte de los dos principales acusados. Eso también haría incrementar la responsabilidad civil solidaria de sus esposas, que tienen que pagar, según la Audiencia de Palma, la mitad del defraudado por haberse lucrado.

Por su parte, la abogada del gobierno balear ha reclamado que Torres y Urdangarin devuelvan los 2,2 millones de euros gastados en dos grandes acontecimientos, porque no tenían interés público. El abogado de la Generalitat Valenciana también ha reclamado perjuicios patrimoniales.

El abogado de Manos Limpias ha recordado las dificultades para presentar el recurso, después de la renuncia de la anterior letrada, Virginia López Negrete, y del encarcelamiento del secretario general del sindicato además de, Miguel Bernad, por supuesta extorsión. Según la acusación popular, había bastantes pruebas para llevar a juicio a la Infanta Cristina, y por eso ha rechazado la condena en costas que le impuso la Audiencia por supuesta temeridad procesal.

Después de una pausa ha sido el turno de las defensas. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha dicho que si se admite alguna otra retención del IVA en algunas facturas, el importe supuestamente defraudado ya no llegaría a ser delictivo. También ha asegurado que la Fundación Illesport no era una entidad pública y por lo tanto no se pudo cometer ningún delito contra la administración. En todo caso, ha pedido a los magistrados la absolución de su cliente, a pesar de haber sido ya condenado «por una parte de la sociedad y de los medios de comunicación».

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha alegado que antes del juicio en Palma se aceptaron las facturas presentadas para justificar los gastos, y por lo tanto el juicio no se hubiera tenido que celebrar, porque no hay delito fiscal.

Por su parte, el abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha pedido la condena en costas a Manos Limpias, por temeridad procesal al pedir ocho años de prisión por colaboración en fraude fiscal. Según él, el sindicato además de sólo mantuvo la acusación para hacer «daño mediático» a la cuñada del rey y por «intereses espurios» y «promocionarse» o incluso lucrarse». Así, ha recordado que antes del juicio retiró un informe pericial que era la única prueba contra la Infanta.

Por último, los abogados de los altos cargos valencianos, Luis Lobón, Jorge Vela y Elisa Maldonado, han alegado que la empresa que gestionaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias no era pública y por lo tanto no tenía que seguir los procedimientos administrativos.

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