La justicia europea admite a trámite la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite una demanda contra el Estado que denuncia la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a raíz de la decisión del gobierno español de desvincular la retasación de las pensiones de la evolución del coste de la vida y del IPC. Presentada por parte del Col·lectiu Ronda en representación del portavoz de la Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, la demanda argumenta que el Estado está vulnerando el deber «de elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social» y que, en consecuencia, no garantiza «la suficiencia económica» de los pensionistas. Además, también apunta que el Estado está vulnerando las normas internacionales que establecen la obligación por parte de los estados de «garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento de los coste de la vida». Concretamente, la demanda acusa al Estado de vulnerar el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.

El año 2012 entró en vigor una norma que establecía por primera vez una retasación de las pensiones de jubilación inferior a la subida del IPC. El año siguiente el gobierno español convirtió esta medida en una ley que, según el Col·lectiu Ronda, «desactiva la obligación del sistema público de pensiones de garantizar el poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas del Estado español». Según un estudio citado por el Col·lectiu Ronda, los pensionistas españoles han perdido 670 euros por término medio en poder adquisitivo desde el 2010.

A raíz de la admisión a trámite de la demanda por|para la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, el abogado del Col·lectiu Ronda responsable de esta demanda, Miguel Arenas, ha afirmado a través de un comunicado que el gobierno español «está dictando leyes y normas que vulneran la legislación comunitaria, que es de obligado cumplimiento y de superior jerarquía legislativa». «Preservar el poder adquisitivo de los pensionistas no es cuestión de voluntad política, es una obligación legal», ha dicho Arenas.

Además, ha recordado que no es la primera vez que la justicia europea se pronuncia sobre el sistema público de pensiones español. «El año 2012, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una importante sentencia que condenaba el gobierno español al considerar que las condiciones de acceso a la pensión contributiva de jubilación resultaban discriminatorias para las personas con trabajos a tiempo parcial», ha destacado. Según ha apuntado el mismo Col·lectiu Ronda, sólo el 5% de las demandas que llegan al TEDH son admitidas a trámite y resueltas por el tribunal europeo.

No es la primera vez que la desvinculación del importe de las pensiones del coste de la vida llega a instancias judiciales. Se han interpuesto varias demandas ante la justicia española e incluso recursos de anticonstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los magistrados del tribunal no consideraron que esta medida fuera insconsitucional. Agotada la vía judicial en el Estado, ahora será la justicia europea la que se tendrá que pronunciar sobre el importe de las pensiones en España.