ACS demanda al gobierno español por considerar insuficiente la retribución por el Castor

El grupo constructor ACS ha demandado al gobierno español por considerar insuficientes los cerca de 295,5 millones de euros que el Ministerio de Industria le asignó en noviembre de 2015 como remuneración financiera así como para mantener las instalaciones del proyecto Castor entre julio de 2012 y octubre de 2014. Según revelan las cuentas del año pasado hechas públicos por la constructora encabezada por Florentino Pérez, su filial Escal UGS, exconcesionario del fracasado almacén de gas submarino, presentó en enero de 2017 un recurso contencioso administrativo contra la resolución emitida por la Dirección General de Política y Minas estatal porque considera que las cifras «no son razonables». Un procedimiento que, aducen, todavía está pendiente de resolución. En el mismo informe, ACS descarta que ni la sentencia del Tribunal Constitucional anulando buena parte del decreto que le permitió cobrar la indemnización de 1.350 millones de euros, ni la investigación judicial en Vinaròs por|para los terremotos acaben teniendo «perjuicios» o «efectos significativos adversos» sobre el grupo y sus cuentas.

El contenido de la resolución ministerial recurrida, que el gobierno español nunca ha llegado a publicar en el BOE, acabó siendo difundido por los socios canadienses de Pérez en el proyecto Castor, Dundee Energy –que posee un tercio de las acciones-, también a través de un informe de cuentas. De acuerdo con este documento, el 17 de noviembre de 2015 la Dirección General de Política y Minas autorizaba el pago en Escal UGS de 253,3 millones de euros en concepto de remuneración financiera en el periodo que va entre julio de 2012 –momento que el entonces ministro de Indústria, José Manuel Soria, paró las retribuciones provisionales después del pago de 110,69 millones- y el momento que el gobierno español acepta la renuncia a la concesión, en octubre de 2014. Adicionalmente, la resolución reconocía también los costes de operación y mantenimiento por el mismo periodo: 42,3 millones más.

En su informe, los socios canadienses del Castor tenían la previsión de cobrar estas cantidades de euros en dos fases: un 75% a finales del año 2016 y, el 25% restante, a lo largo de quince años con un interés anual del 1,2%, hecho que podía acabar elevando el total por encima de los 310 millones de euros. El pago, sin embargo, todavía no se habría llegado a hacer efectivo en ninguna de las posteriores órdenes ministeriales anuales regulando los peajes y costes fijos del sistema gasista, porque justo después de que el Ministerio de Industria emitiera la resolución, Escal UGS presentó pocos días después, dentro del mismo mes de noviembre, según ACS, un recurso de alzada contra la decisión para considerar que las cantidades «no son razonables». El procedimiento, finalmente, ha acabado desembocando en el contencioso administrativo de enero de 2017.

No sería, sin embargo, el único procedimiento judicial que la constructora -propietaria de dos terceras partes d'Escal UGS- había abierto durante los últimos años en contra del Estado español para incrementar los ingresos derivados de su renuncia al proyecto Castor. Según el digital eldiario.es, el exconcesionario presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid otro contencioso administrativo contra la resolución del 17 de octubre de 2016 del Ministerio de Industria que denegaba a la empresa el retorno de los avales aportados durante la tramitación del proyecto, una garantía por valor de 23,63 millones, que equivaldría al 2% de presupuesto previsto. En auqest caso sin embargo, los magistrados tumbaron estas pretensiones y, dado que la constructora no recurrió, la resolución se convirtió en firme.

A pesar de todo, la noticia de la autorización de estos cerca de 300 millones adicionales a favor de la empresa de Florentino Pérez echó más leña al fuego justo un año después de que el gobierno español, en un procedimiento relámpago vía decreto ley –cuestionado y suspendido en buena medida posteriormente por el Tribunal Constitucional, pero que de momento no ha supuesto una reversión en los pagos que los consumidores llevan efectuando desde hace dos años- aprobara el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros –, en realidad 1.460, dado que la cifra se sumaba a los 110 que Escal UGS ya había recibido de forma provisional.

Más todavía, a la luz de los informes técnicos posteriores a que apuntan, cada vez de forma más concisa y explícita, a la responsabilidad del exconcesionario en el origen del episodio sísmico, con más de un millar de terremotos causados por la inyección del gas colchón en fase de pruebas a principios de septiembre 2013, sin haber llegado nunca a ponerse en funcionamiento de forma efectiva. Así lo apuntaba el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard, a partir del cual el gobierno español del PP ha anunciado solemnemente que las instalaciones del Castor ya no se pondrán en marcha. Un reciente informe del Síndico de Agravios, incluso, pide una auditoría técnica completa que determine si los estudios previos y la operación del almacén se basaron en especulaciones acientífiques.

Florentino no teme los tribunales

Pero ni la anulación del decreto de indemnización del Castor por parte del Constitucional ni la investigación abierta a los juzgados de Vinaròs por supuestos delitos ambientales y de prevaricación ambiental a raíz de los terremotos parecen sacar en absoluto el sueño a Florentino Pérez. Sobre la primera, el informe de cuentas de ACS limita el alcance de la anulación, en la línea que apuntó inicialmente el mismo gobierno del PP, a la no concurrencia de un «presupuesto habilitando» que permitiera usar la fórmula del decreto-ley, para situaciones extraordinarias y de urgente necesidad, para la aprobación del decreto de indemnización. «El Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos, no considera que se pueda derivar ningún perjuicio como consecuencia de esta situación», sostiene el documento.

En el caso de la investigación iniciada por la denuncia de Fiscalia en diciembre de 2014, a raíz de lo que llama textualmente «a los microseísmos detectados en la zona del almacén Castor», recuerda que se encuentra «en una fase inicial de instrucción» y el juzgado número 4 de Vinaròs todavía no ha dictado ninguna resolución. En la causa figuran como investigados el presidente d'Escal UGS, Recaredo del Potro, el director técnico, Carlos Barat, y el consejo de administración del exconcesionario, además de ex altos cargos y funcionarios estatales. A pesar de eso, sigue el documento, los directivos de ACS consideran, de acuerdo con la opinión de sus asesores legales, que «el desenlace» de este procedimiento «no producirá un efecto significativo adverso en las cuentas anuales consolidadas en los ejercicios en los cuales se resuelvan».