La Audiencia Nacional procesa Trapero y el vallense César Puig por organización criminal y sedición

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado el exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, por un delito de organización criminal y dos de sedición por los hechos del 20 de septiembre y también para el 1-O. La magistrada también enviará a juicio al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el exsecretario general de Interior César Puig por organización criminal y, en su caso, sólo por un único delito de sedición por los hechos del 1-O. La magistrada también procesa la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, por los hechos del 20 y 21 de septiembre en la consejería de Economía. Todos ellos tendrán que comparecer el próximo 16 de abril a las 10h de la mañana en la Audiencia Nacional, donde Lamela les comunicará formalmente el auto de procesamiento. Es lo que se conoce como una declaración indagatoria. Lamela había abierto la causa por sedición y después de la investigación y las declaraciones, decide enviar a juicio los investigados por este delito.

La magistrada de la Audiencia Carmen Lamela ha dado por concluida la instrucción y ha dictado el auto de procesamiento. Eso supone, pues, que ya clarifica a quien quiere juzgar y por qué delitos. Lamela había abierto una causa por sedición contra Trapero y también de otros altos cargos de la consejería de Interior. Todos los que estaban investigados han sido procesados. Estos procesamiento se añaden en los que ya ha hecho al juez del Supremo, Pablo Llarena, que envía a juicio 25 de los 28 investigados. En aquel caso, sin embargo, hay 13 que serán juzgados por rebelión. Así pues, y de momento, se juzgarán en los tribunales españoles 29 personas por el caso del proceso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto hace pocos días una nueva investigación para determinar los actos y movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) son constitutivos de delito de rebelión. Habrá que ver, pues, si esta investigación culmina con nuevos investigados. Asimismo, también por instancias de la misma fiscalía de la Audiencia Nacional, la semana pasada se detuvo a dos agentes de los Mossos y el historiador Josep Lluís Alay por un supuesto delito de encubrimiento. Todos ellos (junto con el empresario Josep Maria Matalamala) viajaban con Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Todos ellos quedaron en libertad pendientes de que los citen en la Audiencia Nacional.

Declaraciones de todos los procesados

Lamela, además, ha citado los cuatro procesado en la Audiencia Nacional el próximo 16 de abril por comunicarles formalmente el auto de procesamiento. Es lo que se conoce como declaraciones indagatorias, unas vistas breves donde se hace el procedimiento formal de la notificación en persona. Tanto Trapero como el resto de procesados tendrán que venir presencialmente en la Audiencia Nacional.

Además, esta fecha coincide con las declaraciones indagatorias fijadas en el Supremo por el juez Pablo Llarena. Ha citado a los 25 procesados (tanto los que están en prisión preventiva, en libertad o en el extranjero) para notificarlos personalmente los autos de procesamiento.

Procesados por sedición

En el caso del mayor Trapero (destituido para el 155), Lamela lo procesa por dos delitos de sedición por los hechos de la consejería de Economía del 20 de septiembre y también para el día del referéndum. Además, lo lleva a juicio por organización criminal. En el caso del exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig los procesa también por organización criminal pero sólo por un único delito de sedición (para el 1-O). Y a la intendente a Teresa Laplana lo envía a juicio por sedición por los hechos del 20 de septiembre.

En el auto de procesamiento, Lamela destaca que ha recogido indicios incriminatorios suficientes para concluir que los cuatro pertenecen a una «compleja y heterogénea organización» unida con el propósito de conseguir la «secesión de Cataluña» y hacerlo «al margen de las vías legales».

Considera, además, que participaban de una estrategia «premeditada y perfectamente coordinada» donde había uno repartos de papeles entre el Gobierno, los partidos y la sociedad civil.

Acusaciones a los Mossos

Lamela cuestiona el papel de los Mossos especialmente durante los registros por parte de la Guardia Civil efectuados los 20 y 21 de septiembre y el día del referéndum. La jueza cree que los mossos «se mantuvieron al margen» de las actuaciones del resto de cuerpos (policía española y Guardia Civil) y su conducta estaba dirigida, según Lamela, a «obstruir cualquier actuación que bloqueara el plan estratégico hacia la independencia».

Señala como responsables políticos de haber dirigido las órdenes a los Mossos el consejero de Interior destituido a Joaquim Forn (en prisión preventiva), el exdirector de los Mossos Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig.

Sobre Trapero, dice que comandó la cúpula de los Mossos el 1-O para llevar a cabo un «plan predeterminado para evitar actuar». Considera que quiso «enmascarar» su «total inactividad bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad».

En más, cree que la actuación de los Mossos los 20-21 de septiembre y el 1-O encaja con el delito de sedición «como autores o cooperadores necesarios» para omitir, según la magistrada, su «obligación legal» de actuar en la consejería de Economía y «facilitar el cumplimiento de la orden judicial de registro». Lamela da un paso más y dice que los agentes «se ahogaron reiteradamente» a las peticiones de auxilio que recibieron por parte de la Guardia Civil, que pedía proteger la comisión judicial.

En el caso del referéndum, dice que los procesados no sólo no actuaron sino que facilitaron información «con antelación» a los ocupantes de los colegios electorales, a quien –según a Lamela- también les avisaron de que no actuarían. Por todo ello, dice que los procesados quisieron «romper la organización territorial del Estado» y que, para procesarlos por sedición, no hace falta que se consigan los fines propuestos y tampoco que haya «uso de la fuerza». «Es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas», remarca.

Grupo organizado y criminal

Para defender el delito de organización criminal, Lamela afirma que Trapero, Monte y Soler obedecían a «pautas de subordinación y de trabajo en grupo bien definidas». Al auto, recuerda qué supuestos hay que darse para hablar de organización criminal y considera que se cumplen: jerarquía, permanencia en lo temes, coordinación, reparto de tareas y planificación. Sitúa en lo alto de esta «organización criminal» al presidente destituido a Carles Puigdemont. Según la magistrada, trabajaron de manera organizada durante dos años para conseguir celebrar el referéndum y declarar la independencia.

Código alternativo de comunicación a los Mossos

Durante la instrucción, Lamela había solicitado diferentes informes a los Mossos bajo la sospecha de que habían usado algún canal alternativo de comunicación fuera del oficial durante el 1-O. Ahora, en el auto de procesamiento, Lamela asegura que se ha descubierto el uso de un código propio durante el 1-O (denominado Clave Llave 21), que facilitaba a cada dotación un número de contacto dónde llamar para emitir informaciones o incidencias que no se tenían que transmitir por|para la emisora corporativa. Lamela dice que se usaron en este «código alternativo» tanto teléfonos personales de los agentes como también móviles corporativos.

La magistrada dice que se ha constatado también que los mossos|mozos hicieron «vigilancias» a policías españoles y guardias civiles, incluso cuando iban de paisano. «No se trataba de informar de la actuación de los agentes sino de una auténtica vigilancia, haciendo seguimiento de los desplazamientos», recoge el auto.

También acusa a los agentes de ponerse de acuerdo con los organizadores de cada punto de votación para hacer una «entrega voluntaria» de las urnas una vez ya se había hecho el recuento, o situar «observadores civiles» a cada punto de votación para alertarlos de la llegada de la policía española. Lamela habla de «complicidad» entre mossos y las mesas de votación. «Incluso actuaron contra los agentes de la policía española y la Guardia Civil», recoge el auto.

También incorpora la declaración de un testigo protegido (un agente de los Mossos) que dice que se les dio una orden genérica a todas las dotaciones para informar de los movimientos de la policía española. También afirma que a los briefings se los prohibió, entre otros, el uso de la fuerza o que no hicieran uso de la porra , y que por eso muchos agentes no la llevaban|traían.

Además, se refiere a la documentación intervenida a los Mossos cuando iban camino en una incineradora. «Pone de manifiesto que desde la dirección de los Mossos se tenía un conocimiento perfecto de los riesgos y movilizaciones previstas para el 1-O», recoge el auto.