Los bancos que financiaron la indemnización del Castor exigen al gobierno español la devolución de los 1.350 MEUR

Los bancos que prestaron los 1.350 millones de euros para indemnizar Escal UGS –filial del grupo ACS- después de renunciar al proyecto Castor han reclamado formalmente al gobierno español la devolución del crédito. Según han confirmado fuentes jurídicas en el ACN, Caixabank, Banco Santander y Bankia han presentado este viernes una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» ante el ejecutivo exigiendo el retorno de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, en más del daños ocasionados. Consideran que la inconstitucionalidad del decreto ley con el cual el gobierno español aceptó la renuncia del concesionario y estableció el mecanismo de compensación para el fracasado almacén de gas submarino no tendría que ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anulando buena parte de la norma, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió a finales de enero paralizar el retorno del crédito que, desde 2016, estaban pagando los consumidores a través de la factura del gas.

La batalla legal, «el enorme litigiositat» que el ministro de Energia, Álvaro Nadal, pronosticó a raíz de la aplicación de la sentencia del TC, empieza a coger forma con esta reclamación dirigida por los tres bancos directamente al Estado español. El gobierno del PP, que desde el momento que se hizo pública la sentencia e, incluso, cuando la CNMC la aplicó dejando de pagar el crédito intentó quedar al margen, sin anunciar ni tomar públicamente ninguna decisión al respecto, habrá ahora de responder estas demandas, esté exigiendo responsabilidades en terceros –prerrogativa que se reservó legalmente cuando indemnizó al exconcesionario Escal UGS- o buscando una salida negociada si quiere evitar un conflicto judicial con los bancos.

Las mismas fuentes jurídicas conocedoras de la reclamación se preguntan hasta cuál puntos se podría justificar que el poder público se beneficiara de la inconstitucionalidad a costa de las entidad financieras. Estas, de hecho, plantean la posibilidad en el gobierno español de llegar a un acuerdo que permita efectuar la devolución de una forma flexible, que evitara un impacto grave en las cuentas del Estado o los consumidores del gas. Así las cosas, han planteado la posibilidad de que, en vez de devolver de forma inmediata todo el importe reclamado, se pueda devolver de forma gradual, con los mismos términos y las mismas condiciones, de tipo de interés y de plazos, principalmente, que las previstas en el Decreto-Ley 13/2014 que el TC anuló en gran parte.

Un crédito que cuesta 2.420 MEUR

Incluidos estos intereses, el crédito a 30 años que se suscribió a Enagás por encargo del gobierno español y que sirvió para pagar en pocas semanas los 1.350 millones de euros a ACS suponía, en realidad, un coste final de 2.420 millones de euros para los consumidores de gas. De esta cifra final, que se empezó a amortizar a partir de 2016 hasta el momento que CNMC paralizó el pago correspondiente en noviembre de 2017 se devolvieron unos 150 millones. Ahora, además, los bancos reclaman también los daños ocasionados.

Antes de que fuera declarado inconstitucional –principalmente, porque utilizaba la figura legal sin existir la urgencia y la necesidad, hecho que suponía secuestrar el debate político y ciudadano sobre el alcance de la norma-, el decreto-ley del gobierno del PP y su ejecución ya causaron una enorme perplejidad social y política. Aprobado menos de dos meses antes de que Escal UGS se viera obligada a retornar los 1.440 millones en bonos para financiar el proyecto que le prestó el Banco Europeo de Inversiones, el ejecutivo español intentó vender la maniobra financiera como un intento de amortiguar en el tiempo el impacto económico del fallido almacén de gas submarino. Lo hizo cargando las cuotas sobre la factura de los consumidores a lo largo de 30 años y, así, los tres bancos se convirtieron en los titulares de los derechos de pago reconocidos por el sistema gasista.

Sin pedir responsabilidades

Aunque el decreto-ley preveía que el gobierno español se daba diez años de plazo reclamar al exconccessionària en manos de Florentino Pérez responsabilidades por la ejecución de las instalaciones, en ningún momento ha puesto sobre la mesa todavía esta opción. El ministro de Energía, que en una comparecencia reciente en el Congreso llegó a reconocer que el fracaso del proyecto Castor –que provocó más de un millar de terremotos sólo inyectando en periodo de pruebas una ínfima parte del volumen de gas que tenía que almacenar- se debía un «grave error de diseño», justificó las prisas en el pago de la indemnización –mucho antes de los 35 días hábiles previstos- por evitar una quiebra del sistema gasista y una crisis de confianza con el BEI en un momento de «crisis» del euro y la economía española.

No es este el único frente judicial por|para responsabilidades económicas en torno al proyecto Castor al cual tendrá que hacer frente el gobierno español. Esta semana, precisamente, se ha conocido que el grupo ACS demandó hace un año el Estado para considerar insuficiente el pago de los 300 millones de euros que el Ministerio de Industria le asignó, mediante una resolución no publicada en el BOE, como retribución financiera y costes de operación y mantenimiento entre julio de 2012 y octubre de 2014, cuando el ejecutivo del PP aceptó la renuncia.