Llarena no permite a Sànchez asistir al pleno de investidura ni físicamente ni por vía telemática
Es el segundo portazo del juez, que considera que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva
Sànchez acepta la responsabilidad de ser candidato a la investidura «en plenitud» de su derecho político
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado a Jordi Sànchez poder salir en libertad para ir al pleno de investidura del viernes. Tampoco accede a darle un permiso penitenciario ni le permite intervenir por vía telemática, tal como había solicitado su defensa. Es el segundo portazo del Supremo, que vuelve a impedir al candidato ser al pleno (ya lo hizo el pasado 12 de marzo). Llarena considera que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva -el mismo argumento que ya esgrimió en marzo- y alerta de las «graves consecuencias» que tendría si es presidente. Cree también que su candidatura tiene elementos que» apuntan «de manera marcada y racional» que, en caso de ser presidente, podría romper la orden constitucional». Entiende que se ha garantizado su derecho político y que sólo tiene una limitación «parcial» ya que puede delegar el voto y se ha podido presentar a las elecciones. Sobre la resolución de la ONU, dice que no se da «ninguna indicación concreta» y que, además, «no es vinculante» para el tribunal. También apunta que la limitación del derecho político individual es «adecuada» si está fundamentada en otras finalidades «constitucionalmente legítimas».
El martes, y después de la convocatoria formal del pleno con Sànchez como candidato, su letrado presentó ante el juez Llarena un escrito donde le pide que adopte las medidas que hagan posible que pueda ejercer su derecho político y asistió al debate de investidura, convocado por|para este viernes. En el escrito, le hace tres peticiones. En primer lugar, le solicita que decrete su puesta en libertad provisional para ir al pleno o, si no accede, le conceda un permiso penitenciario para ir físicamente al pleno.
Además, y a diferencia de la petición que ya hizo en marzo, incorpora otra opción. Pregunta al juez que permita a Sànchez intervenir al pleno a través de videoconferencia desplazándose al lugar|sitio dónde el juez estime oportuno. El letrado distingue entre la petición que hace sobre Sànchez y la que en su momento se hizo para poder investir a Puigdemont a distancia.
En el escrito, el abogado reconoce que este posibilidad ha sido excluida por el Tribunal Constitucional en el caso de personas que «no se encontraban a disposición de de la justicia española» (en referencia a Puigdemont), pero añade que, en el caso de Sànchez, «nada impide aceptar esta opción» ya que no puede asistir al pleno físicamente por el hecho de estar en la prisión pero no para estar fuera de España. En el escrito, apunta también que esta opción de la videoconferencia tendría que estar posteriormente aceptada por la presidencia del Parlamento.
Recuerda la resolución de la ONU
En el escrito dirigido al juez, el letrado de Jordi Sànchez recordaba a Llarena que todavía tiene sobre la mesa (y sin responder) un escrito presentado el 26 de marzo, después de la resolución de la ONU. Por eso, el abogado aprovecha para recordarle al juez que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó al gobierno español a tomar medidas cautelares para garantizar su derecho político.
En el escrito del 26 de marzo, la defensa de Sànchez ya pedía a Llarena que «restableciera plenamente» el derecho político del diputado, incluyendo su derecho a acceder a la presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Segundo intento fallido
Este es el segundo intento que la defensa de Sànchez hacía por conseguir que pueda asistir, como candidato, al pleno de investidura. Hasta ahora, el juez ha permitido la delegación de voto de Sànchez –a través de la Mesa- pero ya le negó asistir al pleno del pasado 12 de marzo, cuando fue candidato por primera vez.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó tres días antes del pleno la libertad provisional y el permiso de salida puntual que había solicitado. El juez tomó la decisión habiendo escuchado la Fiscalía pero sin esperar a recibir los informes del abogado del Estado y VOX, aquí había pedido que posicionaran.
En aquel momento, basó su decisión en el «riesgo de reiteración delictiva» por el hecho en que los delitos que está investigando se cometieron –decía- mediante actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales» que «desatendieron de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales».
En una entrevista en la 'Cadena Ser', el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha expresado su intención de apelar a organismos internacionales si finalmente el juez del Tribunal Supremo no permitía al candidato asistir al pleno de investidura. Torrent envió el lunes una carta al juez Llarena donde le pedía que pudiera asistir al pleno, le decía que tenía «intactos» su derecho político y le recordaba la resolución de la ONU.
