El Congreso aprueba una ley de 'desahucios exprés'
El texto protege pequeños propietarios, ONG y empresas públicas de vivienda social y deja fuera de fondo buitre y entidades bancarias
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado esta tarde una proposición de ley para acelerar el proceso en casos de desahucios de vivienda ocupados. El texto, que se tendrá que remitir al Senado, protege los pequeños propietarios, las ONG y las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales. Con este cambio normativo, promovido por el PDeCAT, se aceleran los plazos para echar los okupas ilegales. Hasta ahora, podía alargarse hasta dos años y, en cambio, ahora se podrá desahuciar en dos meses. La ley deja fuera de entidades financieras, promotores y fondo buitre. La diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha destacado que la ley contribuye a luchar contra las mafias que se lucran y que cobran ofreciendo pisos de manera ilegal. El texto se ha aprobado por sólo un voto. Ha recibido el apoyo de PP, Cs, PDeCAT y PNV y los votos en contra de ERC, PSOE y Podem.
La iniciativa legislativa modifica la ley 1/2000 del 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas y se ha debatido a raíz de una iniciativa presentada por el PDeCAT hace más de un año. Lo que permite, en la práctica, es ejecutar por la vía de urgencia los desalojos y acortar los trámites. Hasta ahora, si se recurría en la vía penal los trámites para echar los okupas podía alargarse hasta dos años. Ahora, con un procedimiento sumario, se calcula que la situación se podrá resolver en dos meses.
El cambio normativo protege los pequeños propietarios, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales. Han quedado fuera de este nuevo procedimiento los grandes tenedores, como fondo buitre o entidades financieras, tal como ya pedía el PDeCAT en el texto inicial. En cambio, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha reconocido que también les habría gustado «proteger» los promotores pero que no han encontrado la fórmula para pactarlo con el resto de grupos.
Una vez aprobado a la Comisión de Justicia, el texto de la proposición de ley se remite al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, se aprobará.
Combatir a las mafias
Durante el debate, la diputada del PDeCAT ha defendido que se trata de agilizar los trámites –hasta ahora fijados por la ley de enjuiciamiento civil- y combatir este tipo de ocupaciones ilegales. De hecho, Ciuró ha dicho que este cambio constituye «un paso adelante» para acabar con el negocio de las mafias que se aprovechan de personas en situación vulnerable y les cobran para ofrecerles un piso por ocupar. «Ahora lo pueden hacer porque los pagan por un piso donde estarán dos años pero con el procedimiento sumario no tiene sentido porque nadie pagará por dos meses», ha destacado a la diputada.
En cambio, PSOE, ERC y Podem no comparten esta visión. La diputada del Grupo Socialista Mercè Parera ha criticado que no se garantiza un acceso a la vivienda y que acortar el procedimiento «favorece los agentes y fuentes de inversión».
Ciuró también ha explicado que, a iniciativa del Grupo Socialista, se ha añadido otra medida para ampliar la protección de aquellos afectados por un desahucio, también los que se hagan por impagos de hipoteca o alquiler. Una vez se inicia este procedimiento exprés –y siempre que el afectado autorice dar sus datos- se pone en conocimiento de la administración competente en servicios sociales. La ley establece que la administración tendrá que dar una respuesta en siete días.