El Tribunal de Cuentas cuestiona la transparencia de la 'Marca España'

El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda la transparencia del Alto Comisionado del gobierno español para la 'Marca España'. En un informe, el tribunal fiscalizador ha revisado los primeros años de funcionamiento del organismo (2012-2016) y ha alertado de que «no existe suficiente desarrollo normativo» para sus funciones y que tiene una «ausencia de presupuesto propio» que impide sacar adelante las actividades para el cumplimiento|cumplido de su misión. El tribunal concluye que fallan|faltan indicadores «que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España».

La fiscalización que ha hecho el tribunal abarca al Alto Comisionado del gobierno español para la 'Marca España' y su oficina, y ha puesto el foco en la actividad económica-financiera hecha por ellos con especial atención al cumplimiento de la legalidad y al grado de cumplimiento de sus objetivos para comprobar si se ajustan a los principios de buena gestión.

Este organismo se creó por parte del gobierno español a través de un real decreto en el 2012 con la misión de proponer medidas orientadas a mejorar la imagen de España al exterior. Entre los objetivos, tiene la planificación, impulso, coordinación y seguimiento de la acción exterior española -tanto pública como privada- en los ámbitos económicos, culturales, sociales, científicos y tecnológicos.

Deficiencias e irregularidades

Entre las deficiencias, el Tribunal de Cuentas advierte que tanto en la configuración del Alto Comisionado como también a las condiciones del ejercicio de sus funciones no existe «suficiente desarrollo normativo». El informe destaca que ni el Alto Comisionado ni su oficina cuentan con normativa que regule su funcionamiento, más allá del real decreto de creación de la entidad.

Con respecto a la transparencia, el tribunal ha detectado que no se han publicado en el Portal de Transparencia ninguna de las informaciones que exige la ley, a excepción sólo de los currículums de los altos cargos.

Además, también destaca que algunas de las funciones atribuidas al Alto Comisionado para la Marca España ya eran «parcialmente asumidas» por otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores y que, a pesar de la creación del alto comisionado, los órganos del ministerio siguen funcionando. Es decir, alerta de que hay duplicidad de funciones.

Sobre la estrategia, apunta que se describen sólo objetivos generales y que no está «el necesario desglose» en objetivos sectoriales y acciones concretas y «mesurables». El tribunal ha avisado de que «no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España, a diferencia de lo que sucede con otras iniciativas de promoción de la marca-país desarrolladas en países de nuestro entorno o por otros organismos con objetivos concurrentes».

Además, el tribunal apunta que la gran mayoría de las líneas de actuación previstas para 'Marca España' «no dependían de la acción del Alto Comisionado, ni a su planificación ni en su impulso ni en su consecución» y ha denunciado que la actividad de la Oficina del Alto Comisionado se ha centrado en el seguimiento de una serie de índices y mesas clasificatorias nacionales e internacionales que monitorizan la imagen de España, «elaborados por diferentes instituciones que, en la mayor parte de los casos, ya venían elaborándolos desde antes de la creación del Alto Comisionado».

El tribunal fiscalizador también detalla que el Alto Comisionado ha suscrito convenios de colaboración con entidades públicas, asociaciones, fundaciones y empresas privadas, incluyendo una empresa textil del consejo, de la cual de administración es miembro del Alto Comisionado. Asimismo, en la muestra de convenios analizada en la fiscalización se ha observado que el seguimiento y control de la documentación y de la ejecución de estos convenios ha sido defectuoso, impidiéndose, en algunos casos, la comprobación de la realidad de las actividades.

Por otra parte, el tribunal ha denunciado que el Alto Comisionado ha celebrado pactos suscritos de manera verbal, sin formalización de documento escrito, «lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia» e impide, según apunta, la revisión y control posterior del acordado. Asimismo, el informe recoge que la firma del Alto Comisionado de un convenio con una asociación privada permitió que su oficina pudiera disponer de fondos aportados por empresas privadas que fueron destinados a gastos ordinarios de su funcionamiento y al pago de servicios prestados por terceros.

En su informe, el Tribunal de Cuentas ha recomendado desarrollar el marco normativo adecuado para el ejercicio de las funciones del Alto Comisionado y la actividad del proyecto 'Marca España', tanto en el ámbito contractual y patrimonial como en el operativo (selección de colaboradores, embajadores 'Marca España') y dotar a las unidades encargadas de llevar a cabo el proyecto 'Marca España' de los medios humanos y materiales necesarios para que «se puedan cumplir ordenadamente sus objetivos». Finalmente, también aconseja adoptar, por parte de la Oficina del Alto Comisionado, las medidas necesarias para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios suscritos.