La Audiencia Nacional cita a declarar 23 investigados en el 'caso 3%'

El magistrado de la Audiencia Nacional española José de la Mata ha citado a declarar a 23 personas en calidad de investigadas pel 'caso 3%' de supuesta financiación irregular de CDC a través de adjudicaciones de obras y servicios públicos. Entre las personas citadas está el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente municipal de la empresa municipal BIMSA Constantí Serrallonga y el exresponsable de régimen interno y abogado de CDC Francesc Sànchez. También ha citado otros cargos de Convergencia y empresarios. El juez considera que contribuyeron a «poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido» mediante donaciones a fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem y Forum Barcelona, «alterando todo tipo de concursos públicos». Las citaciones están fijadas entre el 11 y el 22 de junio.

José de la Mata asumió la causa que hasta ahora instruía al juez de instrucción número 1 del Vendrell y estas citaciones son las primeras diligencias que practica. De hecho, estos investigados estarán la primera vez que declaran en el juzgado y todavía no habían sido informados de las imputaciones que se los atribuyen.

La causa está abierta por delitos de prevaricación, soborno, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de fondos públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Entre las personas investigadas que cita el juez de la Mata se encuentran a Xavier Sánchez, exresponsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, ninguna económica financiera de CDC; y Carles del Pozo Cerdà, gerente y coordinador del área económica de CDC. Además, varios altos cargos de la empresa pública municipal BIMSA, o la directora de contratación y fianzas de Infraestructures.cat, Pilar Matesanz, el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona durante dos de los concursos investigados, Sixte Cambra, así como el exvicepresidente de la Autoridad Portuaria del Port de Barcelona, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y expresidente de BIMSA, Antoni Vives. Otros citados a declarar son José María Zaragoza de Pedro, Pedro del Llano Vivancos, Ramon Anglada, Antoni Garcia Bragado y Jordi Duran Vall-llosera, además de Constantí Serrallonga, director general de la Feria de Barcelona y exgerente del Ayuntamiento de Barcelona en la época de Trias.

En el escrito, De la Mata acuerda igualmente la citación de varios empresarios que se concertaron «de manera encubierta con altos cargos de CDC y otros cargos de índole política para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Forum Barcelona) con la finalidad de financiar ilegalmente al partido político».

La denominada 'operación Pika' la llevó a cabo la Guardia Civil en febrero del año pasado y acabó con 18 detenidos que quedaron en libertad antes de pasar a disposición judicial. Durante toda la jornada se realizaron 24 cacheos en empresas privadas y en tres empresas públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Infraestructuras.cat y Barcelona de Infraestructures (BIMSA).

La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama investigada había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, sostiene el ministerio público, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.

Algunas de las obras investigadas, que habrían sido adjudicadas a empresas que habrían vehiculado un 3% del coste a la financiación del partido, son los túneles de las Glorias o el dique este del Port de Barcelona. La obra de los túneles de las Glorias fue adjudicada por el consejo de administración de BIMSA en febrero del 2015 a una UTE formada por las empresas Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Coloza y Comsa por 49,6 millones de euros. Los investigadores también requirieron información de las obras del Paralelo, la calle Lucà, el carril bici de Bac de Roda y la carretera de las Aguas, muy vinculadas a BIMSA y muy adjudicadas durante el mandato de Xavier Trias.

También se registraron las oficinas de la constructora Rubau Tarrés en Gerona y al Baix Empordà o la sede de Arnó en Lérida. En total se produjeron cacheos en doce municipios: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lérida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gerona, Berga y Majadahonda.

El Juzgado de instrucción número 1 del Vendrell mantiene todavía abiertas varias piezas derivadas del caso Torredembarra, aparte de la del 3% que ha acabado en la Audiencia Nacional. En el 2015, lo que empezó con una investigación contra el alcalde de Torredembarra acabó con dos cacheos a la sede central de CDC y a la Fundación CatDem por la supuesta financiación irregular del partido a través de comisiones del 3% por adjudicación de obra pública.

A finales de julio del mismo año la operación 'Petrum' de la Guardia Civil se centró en la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, muy vinculada a CDC. A finales de agosto, en plena precampaña electoral para el 27-S, la Guardia Civil entró en varios ayuntamientos, en la sede de los convergentes en la calle Còrsega de Barcelona y en las dependencias de la CatDem. Se registraron los despachos de su tesorero, Andreu Viloca. A finales de octubre los agentes volvieron a entrar en la sede de CDC, en la empresa pública Infraestructuras.cat y en varias empresas adjudicatarias, y se detuvo el tesorero de CDC Andreu Viloca, Antoni Rosell, director general de la empresa pública, y otros empresarios.

Otra de las piezas que investiga el mismo juzgado ha supuesto alteraciones en unas oposiciones en que estaría implicada la consultora Effial.

Según el magistrado de la Audiencia Nacionla José de la Mata, la causa es muy compleja y puede afectar al tráfico mercantil del estado, a causa del volumen supuestamente defraudado, que eleva a 175 millones de euros. De la Mata recuerda que el caso tiene numerosos investigados y afecta a 24 concursos públicos de varios partidos judiciales y tres demarcaciones provinciales: Tarragona, Barcelona y Gerona. Además, el fraude habría abarcado varios años, empresas, sobre todo constructoras, fundaciones de partidos y administraciones. Los 24 concursos sumaban 218 millones de euros licitados, que se acabaron adjudicando por 175 millones, y un millón de euros habrían ido a parar a las arcas de CDC.

Otro motivo para la asunción de la causa es que tiene ramificaciones en el extranjero y las diligencias de investigación son especialmente complejas. Los delitos investigados son prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias y alteración de precios de concursos públicos. Según De la Mata, el desvío de dinero de empresas adjudicatarias cabe a CDC se convirtió en una «conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación a gran escala de contratación pública».