Comparecen ante la Audiencia Nacional los primeros investigados por el 'caso 3%', derivado desde El Vendrell

Arrancan en la Audiencia Nacional las declaraciones de investigados pel 'caso 3%' de supuesta financiación irregular de CDC a través de adjudicaciones de obras y servicios públicos. El caso se ha estado investigando en el juzgado de instrucción 1 del Vendrell pero en abril asumió la competencia la Audiencia Nacional. El magistrado José de la Mata ha citado hasta 23 investigados en esta causa, en unas declaraciones que empiezan este lunes y se alargarán hasta el 22 de junio. De la Mata interroga este lunes el exresponsable económico y jurídico de CDC, Francesc Xavier Sànchez Vera, la que fue ninguna económica financiera de CDC, Anna Dolors Benítez Bueno y Carles del Pozo Cerdà, gerente y coordinador del área económica de CDC. En los próximos días tendrán que pasar por la Audiencia Nacional otros cargos destacados como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, al exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, el exgerente municipal de la empresa municipal BIMSA Constantí Serrallonga. Se investigan un total de 24 concursos que salieron a licitación por un total de 218 MEUR.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata asumió la causa que hasta ahora instruía al juez de instrucción número 1 del Vendrell y estas citaciones son las primeras diligencias que practica. Otros investigados en este caso ya han declarado ante el juez del Vendrell sin embargo, los 23 citados ahora en la Audiencia Nacional declararán por primera vez en sede judicial y todavía no han sido informados de los delitos por los cuales están investigados.

La causa está abierta por delitos de prevaricación, soborno, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de fondos públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias. Se investigan un total de 24 concursos que salieron a licitación por un total de 218 MEUR y que, finalmente, se adjudicaron por 175 MEUR. La Audiencia Nacional investiga qué parte de este dinero habrían ido a parar a CDC.

Empresarios y políticos bajo la lupa el juez

En el escrito del pasado 25 de mayo donde acordaba las citaciones, el juez De la Mata citaba también a varios empresarios que se concertaron, según el juez, de manera encubierta con altos cargos de CDC y otros cargos de índole política para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos a cambio de la entrega de donaciones a fundaciones ligadas a CDC (CatDem y Forum Barcelona) con la finalidad de financiar ilegalmente el partido político.

Entre los citados también hay una teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gerona, Isabel Muradàs, que ha dejado el cargo después de la citación judicial.

En febrero del 2017 la Guardia Civil llevó a cabo una operación relacionada con este caso y que bautizó como 'Operación Pika'. La policía detuvo a 18 personas que quedaron en libertad antes de pasar a disposición judicial. Durante toda la jornada se hicieron 24 cacheos en empresas privadas y en tres empresas públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Infraestructures.cat y Barcelona de Infraestructures (BIMSA).

La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama investigada había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, sostiene el ministerio público, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.

Obras investigadas

Algunas de las obras investigadas, que habrían sido adjudicadas a empresas que habrían vehiculado un 3% del coste a la financiación irregular del partido, son los túneles de las Glorias o el dique este del Puerto de Barcelona. La obra de los túneles de las Glorias la adjudicó el consejo de administración de BIMSA en febrero del 2015 a una UTE formada por las empresas Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Coloza y Comsa por 49,6 MEUR.

Los investigadores también requirieron información de las obras del Paralelo, la calle Lucà, el carril bici de Bac de Roda y la carretera de las Aguas, muy vinculadas a BIMSA y muy adjudicadas durante el mandato de Xavier Trias.

También se registraron las oficinas de la constructora Rubau Tarrés en Girona y al Baix Empordà o la sede de Arnó en Lérida. En total se produjeron cacheos en doce municipios: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lérida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda.

Causa compleja y de afectación Estatal

Según el magistrado de la Audiencia Nacionla José de la Mata, entre los argumentos para asumir el caso está el hecho de que la causa es muy compleja y puede afectar al tráfico mercantil del estado, a causa del volumen supuestamente defraudado, que eleva a 175 MEUR.

De la Mata recuerda que el caso tiene numerosos investigados y afecta a 24 concursos públicos de varios partidos judiciales y tres demarcaciones provinciales: Tarragona, Barcelona y Girona. Además, el fraude habría abarcado varios años, empresas, sobre todo constructoras, fundaciones de partidos y administraciones. Los 24 concursos sumaban 218 millones MEUR licitados, que se acabaron adjudicando por 175 MEUR y 1 MEUR habría ido a parar a las arcas de CDC.

Otro motivo para la asunción de la causa es que tiene ramificaciones en el extranjero y las diligencias de investigación son especialmente complejas. Los delitos investigados son prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias y alteración de precios de concursos públicos. Según De la Mata, el desvío de dinero de empresas adjudicatarias cabe a CDC se convirtió en una «conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación a gran escala de contratación pública».

Piezas derivadas en el juzgado del Vendrell

El Juzgado de instrucción número 1 del Vendrell mantiene todavía abiertas varias piezas derivadas del caso Torredembarra, aparte de la del 3% que ha acabado en la Audiencia Nacional. En el 2015, lo que empezó con una investigación contra el alcalde de Torredembarra acabó con dos cacheos a la sede central de CDC y a la Fundación CatDem por la supuesta financiación irregular del partido a través de comisiones del 3% por adjudicación de obra pública. A finales de julio del mismo año la operación 'Petrum' de la Guardia Civil se centró en la empresa Teyco, de la familia Sumarroca, muy vinculada a CDC. A finales de agosto, en plena precampaña electoral para el 27-S, la Guardia Civil entró en varios ayuntamientos, en la sede de los convergentes en la calle Còrsega de Barcelona y en las dependencias de la CatDem. Se registraron los despachos de su tesorero, Andreu Viloca. A finales de octubre los agentes volvieron a entrar en la sede de CDC, en la empresa pública Infraestructuras.cat y en varias empresas adjudicatarias, y se detuvo el tesorero de CDC Andreu Viloca, Antoni Rosell, director general de la empresa pública, y otros empresarios. Otra de las piezas que investiga el mismo juzgado ha supuesto alteraciones en unas oposiciones en que estaría implicada la consultora Effial.