El Congreso abre la puerta a ofrecer la eutanasia como un servicio de la sanidad pública

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado el primer paso aprobando la presa en consideración de la ley promovida por el Grupo Socialista que defiende la despenalización de la eutanasia y también su regulación para incluirla dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública. Eso supondría, pues, que las personas con enfermedades terminales o con discapacidades crónicas y degenerativas pudieran solicitar morir y que no sólo fuera ilegal ayudarlos (cómo pasa ahora) sino que se los asistiera de manera universal y gratuita. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido que se dará «garantía médica y seguridad jurídica» y que se respetará la posición del pacientes. «Una vez se apruebe la ley, la decisión del paciente estará firme, informada y sobre todo libre», ha defendido. El Congreso ya aprobó en mayo una iniciativa similar que provenía del Parlament de Catalunya pero, en aquel caso, sólo despenalizaba la eutanasia y no la regulaba dentro de la cartera de servicios públicos de la sanidad. Sólo el PP ha posicionado en contra del proyecto de ley.

El pasado 3 de mayo, el PSOE registró una proposición de ley orgánica para despenalizar la eutanasia y la incluyó en la cartera de servicios de la sanidad pública. Después de la tramitación de la Mesa del Congreso, este martes el pleno ha votado su presa en consideración, el primer paso en el camino para convertirse en ley orgánica. El partido sostiene que hay un «consenso social» y que hace falta ahora llevar este debate al Congreso y modificar el código penal a fin de que las personas que estén sufriendo puedan solicitar ayuda para morir.

El PSOE defiende que, a diferencia de la iniciativa del Parlamento que ya se empezó a tramitar en el Congreso el pasado mes de mayo, los socialistas quieren no sólo despenalizar la eutanasia sino regularla a fin de que se pueda pedir y ofrecer como un servicio más de salud.

En este sentido, la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que es una iniciativa para mostrar «respeto, dignidad, libertad y autonomía» hacia las personas que sufren «un calvario». «Es una ley para casos extremos como consecuencia de un pronóstico irreversible», ha defendido Lastra, que adelanta que se trata no sólo de eximir de cualquier responsabilidad penal aquellos que ayudan a los enfermos terminales a morir sino también a ofrecerles un servicio «regulado, universal y gratuito».

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha valorado la iniciativa desde los pasillos del Congreso, donde ha dicho que el proyecto de ley en «defensa de la lucha por la dignidad y también por la propiedad de la vida». Ha adelantado que, una vez se apruebe, habrá que modificar la cartera de servicios a fin de que sea una prestación universal y que se hará siempre dando «garantía médica y seguridad jurídica» a los pacientes que lo soliciten.

El único grupo se ha opuesto a la nueva ley propuesta por los socialistas ha sido|estado el PP. El portavoz, Rafael Hernando, ha dicho que su grupo está «a favor de la cultura de la vida» y apuesta por mejorar las curas paliativas.