Llarena retira las euroórdenes contra Puigdemont, Comín, Puig, Serret, Ponsatí y Rovira

El juez que instruye en el Supremo la causa contra el ‘procés’, Pablo Llarena, ha rechazado la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los términos en que permitiría la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que la limita a un posible juicio por malversación, y ha retirado las euroórdenes que había dictado contra el expresidente y también contra los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Merixell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. En su auto, el juez critica duramente el tribunal alemán y le reprocha «falta de compromiso con hechos que podrían haber roto el orden constitucional español» porque –a su entender- ha juzgado los hechos sin tener cobertura normativa y ha actuado sin tener en cuenta la jurisprudencia del TJUE y la normativa de la euroorden. Llarena no ha remitido el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJU) mediante una cuestión prejudicial. El magistrado –que ya retiró en diciembre del 2017 una primera euroorden cuando Puigdemont estaba en Bélgica - evita de esta manera uno posible extradición que contradiga la base de su instrucción (construida en torno al delito de rebelión) y que genere un juicio a dos niveles contra la cúpula del ‘procés’.

El magistrado rechaza la extradición en los términos en que lo permitiría el tribunal alemán para evitar tener que juzgar Puigdemont sólo por malversación y que eso afecte, además, al proceso que ha instruido contra los 25 encausados (13 por rebelión) mediante una posible rebaja en los delitos o un doble nivel en las peticiones de condena.

En su escrito de 20 páginas, acusa al tribunal alemán de haberse extralimitado en sus atribuciones que se tenían que ceñir, dice, a la comprobación de sí los hechos descritos por la justicia española están contemplados o no a la legislación penal alemana. Denuncia que los magistrados de Schleswig-Holstein han actuado sin tener en cuenta ni los principios de la Decisión Marco sobre euroórdenes de la UE, ni la jurisprudencia del TJUE, ni el manual de extradiciones elaborado por la Comisión Europea.

Acusa a Schleswig-Holstein de «cortocircuitar» la euroorden

En este sentido asegura que el tribunal alemán ha prejuzgado el caso «desde un posicionamiento desacertado» mediante decisiones que han tenido en cuenta la declaración de Puigdemont y le han dado «valor probatorio», mientras que no ha contrastado estas afirmaciones con otras «fuentes de prueba» que si que están a disposición del Tribunal Supremo.

Rechaza la extradición y retira las euroórdenes

Por este motivo argumenta que tiene que «rechazar» la entrega de Puigdemont como «mero responsable de un eventual delito de malversación de caudales públicos», y retira también las órdenes eurooees e internacionales de detención contra el expresidente y contra los exconsellers Comín, Puig, Serret, Ponsatí y Rovira. Eso implica que podrán circular libremente por Europa y el resto del Mundo, pero no por el Estado, donde se mantiene pendiente su orden de detención.

Llarena rechaza la extradición y retira las órdenes internacionales aduciendo que las actuaciones del tribunal alemán «no sólo curticuiten la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la apreciación indiciaria de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento».

No presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE

A pesar de todas estas quejas, Llarena no presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si el tribunal alemán ha actuado o no correctamente. El juez argumenta ahora que tendría que haber sido la justicia alemana quien tendría que haber preguntado a la instancia superior cómo había que aplicar la euroorden «para obtener una interpretación uniforme de la norma». «El tribunal de ejecución (en este caso Alemania) es quien estaba obligado a plantear la cuestión prejuicial» delante del TJUE, dice el juez, que critica la «falta de compromiso» del tribunal de Schleswig-Holstein.

En diciembre del 2017 Llarena ya retiró una primera euroorden contra Puigdemont –y también Comín, Ponsatí, Serret y Puig- aduciendo que una posible entrega por un delito que no fuera el de rebelión pondría en duda la «unidad jurídica inseparable» de la causa en el Supremo.