El gobierno español aprueba el primer paso para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que modifica la Ley de memoria histórica y que permitirá exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde está enterrado desde 1975. Este es el primer paso que permitirá al gobierno de Pedro Sánchez cumplir con uno de sus principales compromisos electorales. El acuerdo prevé que, a partir del día 31 de agosto, se darán 15 días a la familia para que diga dónde quiere que sea enterrado. Si no se pronuncia, el gobierno español será quien lo decidirá. La vicepresidente del gobierno español, Carmen Calvo, ha garantizado que sería un lugar «digno y respetuoso». El decreto se tendrá que convalidar en el Congreso en el plazo de 30 días. Calvo prevé que la exhumación se haga efectiva a finales de año. La vicepresidenta ha explicado que en la tramitación de la modificación de la ley se podrá hablar con todos los grupos de otros aspectos a mejorar de la ley, donde podría tener cabida la petición de ERC y PDeCAT de anular las sentencias franquistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley que modifica la Ley de memoria Histórica (impulsada por Zapatero en el 2007) y que permite la exhumación y el traslado del dictador fuera del Valle de los Caídos.

El real decreto introduce un cambio en la Ley de memoria histórica y recoge que el Valle de los Caídos tiene que ser un lugar de «recuerdo, conmemoración y homenaje» a los muertos en la Guerra Civil y dispone que sólo los restos de estos pueden estar en este recinto. Por lo tanto, con este cambio en el redactado de la ley, el gobierno español encuentra la fórmula legal para poder exhumar a Franco de la basílica del Valle de los Caídos. En cambio, de momento no se plantea sacar los restos de Primo de Rivera (también enterrado a la basílica) porque él sí murió al inicio de la Guerra Civil en manos de los republicanos.

El procedimiento

El real decreto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros entrará en vigor mañana. El cambio que introduce en la Ley de memoria histórica se desarrolla en un procedimiento administrativo que tiene diferentes pasos. Por una parte, dentro de una semana (el 31 de agosto) hará falta otro acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se da el inicio a este procedimiento.

A partir de entonces, el gobierno español dará 15 días a los interesados en el procedimiento para que puedan hacer alegaciones. En estos días, además, la familia tendrá que dirigirse al gobierno español para comunicarles dónde quiere que vayan los restos del dictador y aportar toda la documentación y autorizaciones necesarias. La vicepresidente ha explicado que tiene que haber acuerdo y comunicación formal por parte de los familiares.

En caso de que no haya respuesta, les digan que no quieren hacerse cargo de los restos o haya «discrepancias», será el propio gobierno español quien decidirá dónde van a parar los restos del dictador. Calvo ha adelantado que sería un lugar «digno» aunque no ha querido dar más detalles. «Tenemos que prever todos los escenarios», se ha limitado a decir.

Pasados estos quince días, el Consejo de Ministros ordenará que se continúe con el procedimiento y tendrá que solicitar todas las autorizaciones que haga falta para hacer la exhumación. Acabadas estas actuaciones, todavía se volverá a dar otro periodo de 10 días a los interesados (incluidos los familiares) para que hagan las últimas alegaciones.

Pasados estos diez días, el Consejo de Ministros tomará otro acuerdo donde ya tendrá que detallar si procede la exhumación y en qué lugar se trasladan los restos.

La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, ha dicho que calculan que para dar cumplimiento a todos los trámites la exhumación se hará antes de finales de año «con toda seguridad». De todos modos, el procedimiento para la exhumación tiene una caducidad de 12 meses y eso da un año de margen al gobierno de Sánchez para la exhumación.

El gobierno español no prevé que ninguna iniciativa legal de familiares o la misma iglesia pueda paralizar el proceso. «El gobierno dispone de instrumentos en el marco de los acuerdos con la Santa Sede para proceder en términos de estricta legalidad al objetivo de exhumar», ha manifestado la vicepresidente.

Debate en el Congreso

Este real decreto también se remitirá al Congreso, que tiene un mes para convalidarlo (es suficiente con una mayoría simple). Una vez convalidado, el gobierno español quiere tramitarlo por el procedimiento de ley. Eso le permite abrir un debate con todos los grupos sobre reformas más profundas de la Ley de memoria histórica que vayan más allá de la exhumación del dictador.

Eso es lo que le pedía ERC y PDeCAT que querían que también se abordara la anulación de las sentencias franquistas. De hecho, ERC supeditaba su apoyo al Congreso a un compromiso explícito del gobierno español para anular estas sentencias en esta legislatura.

Exhumación sin cámaras

Fuentes de la Moncloa han explicado que la exhumación se hará respetando la privacidad de la familia (si se hace cargo) y que en ningún caso «se convertirá en un espectáculo». «Todo se hará con decoro y eso quiere decir discretamente», comentan estas fuentes.

El gobierno español ya tiene previsto donde pondrá los restos de Franco si la familia no se hace cargo, aunque declinan dar detalles. «No adelantamos escenarios», apuntan. Con todo, niegan que termine en un osario. «Se dará sepultura con el respeto, dignidad y decencia que merece», aseguran desde la Moncloa, añadiendo que la exhumación no tiene «ningún ánimo de revancha».

Además, apuntan que la familia tendrá la posibilidad «hasta el último minuto» de pronunciarse y hacerse cargo de los restos de su familiar.

Compromiso electoral

La exhumación de Franco ha sido uno de los compromisos de Sánchez desde que llegó a la Moncloa, el 1 de julio. El ejecutivo defiende que «está actuando con urgencia política» y haciendo uso de un real decreto para cumplir un mandato del Congreso. En mayo del 2017, la cámara baja aprobó una proposición no de ley del PSOE que pedía sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Lo hacía siguiendo las recomendaciones de un consejo de expertos que habían elaborado un informe en el 2011. La proposición no de ley instaba el gobierno español (entonces en manos del PP) a afrontar «de forma decidida y urgente» las recomendaciones de estos expertos.

La votación en el Congreso de esta proposición no de ley para exhumar a Franco no recibió ningún voto en contra. Todos los grupos dieron apoyo menos el PP y ERC que optaron la abstención.

Calvo también defiende que la exhumación también da respuesta a las reiteradas peticiones de Naciones Unidas que han requerido España para que no dé sepultura «en una tumba de Estado» al dictador en un mismo recinto donde descansan a las víctimas. «No es sostenible que la tumba del dictador esté junto con la de las víctimas», ha manifestado.

Una medida pospuesta

Con la llegada del PSOE en la Moncloa, Pedro Sánchez ha hecho de la exhumación de Franco uno de los temas bandera de su legislatura. Se comprometió en la primera comparecencia que hizo al Congreso como presidente y, durante estas semanas, el gobierno español ha buscado la herramienta legal para sacar adelante la medida.

La idea del gobierno español era poder sacar los restos del dictador antes del verano. El mismo Pedro Sánchez explicó en una conversación informal con periodistas que la exhumación se haría antes de las vacaciones de agosto. Sin embargo, tuvo que posponerlo. En el último Consejo de Ministros del 3 de agosto, el presidente español aseguró que sacarían los restos pero reconoció que les hacían falta «algunas semanas» para acabar de ligar la fórmula jurídica.

El posicionamiento de Cs y PP

La exhumación de Franco ha recibido a las críticas de PP y Cs. Por una parte, los populares acusan a Sánchez de «querer reabrir heridas» y «de enmendar la transición». Y son muy críticos también con la fórmula escogida del decreto, porque consideran que no cumple los requisitos marcados en la Constitución que estipulan que los decretos ley son para medidas «extraordinarias y urgentes». Desde el PP ya han anunciado que recurrirán la medida ante el Tribunal Constitucional, así como el resto de decretos que impulse Sánchez y que consideren que no son urgentes. El PP no aclara qué votará en el trámite parlamentario y se limita a decir que no dará apoyo.

Para Cs tampoco es una prioridad la exhumación del dictador, aunque en la proposición no de ley de mayo de 2017 votaran a favor. «Para los que hemos nacido en democracia, los huesos de Franco nos importan menos que lo que está pasando a Cataluña, el pacto educativo, o las pensiones», ha manifestado Rivera esta semana.

La vicepresidenta ha pedido a las formaciones que se fijen en «el fondo de lo que se está votando» y no en la forma utilizada. «Quien no quiera ver el fondo, pues ya está, son cosas formales que se hacen para parapetarse en sus convicciones políticas, ¿si no lo sacamos ahora, hasta cuándo?», se ha preguntado.