Justicia recibe más de 2.500 solicitudes del documento de nulidad de los juicios franquistas

El Departamento de Justicia ya ha recibido 2.512 solicitudes del documento de nulidad de los juicios franquistas desde que el verano pasado, el Parlament aprobó por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista. Es un trámite que, según el registro del Archivo Nacional de Cataluña, pueden hacer hasta 66.616 personas y 15 entidades represaliadas en juicios políticos desde 1038 y hasta 1978. En el documento, se acredita que el juicio al cual fueron sometidos los afectados ha quedado anulado y fue ilegal para no cumplir las garantías democráticas, no respetar el derecho de defensa, ni la legislación vigente entonces como es el Estatuto de 1932.

El documento, que se puede pedir por internet, por teléfono o presencialmente, en un plazo máximo de diez días se entrega a la sede y a los servicios territoriales del Departamento de Justicia. El primer documento expedido por el Gobierno se entregó el septiembre pasado a Araceli Aiguaviva, viuda del periodista Josep Maria Huertas Claveria, condenado en julio de 1975 a dos años de prisión por injurias al ejército, por un tribunal militar franquista.

La posibilidad de pedir este documento es una de las principales consecuencias de la aprobación en el Parlament, por unanimidad en julio del año pasado, de una ley para anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar «ilegales» los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominado posteriormente Auditoría de la IV Región militar, que actuó en Cataluña de 1938 en 1978. La cámara lo votó el 29 de junio del 2017 con los votos a favor de todos los partidos políticos, incluso el PPC, aunque el PP en el 2007 rechazó la ley de memoria histórica que ya declaraba «ilegítimas» estas condenas franquistas.

En aquel momento, hace poco más de un año, la relatora de la ponencia de la proposición de ley, Montserrat Palau (JxSí) defendió que la normativa no buscaba «la revancha» sino «verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Las diferentes fuerzas políticas coincidían al valorar como un paso adelante este texto.

A partir de la ley, el Archivo Nacional de Cataluña pudo abrir un registro de sentencias y condenas de ley que incluyó más de 66.000 nombres de los afectados, una lista que se ha ido actualizando durante todo este año. Tanto los mismos implicados como sus familias pudieron empezar a pedir el documento que dará fe de la anulación de aquellas sentencias y los procesos judiciales.

Trámites en el Congreso

Después de la aprobación en el Parlamento, el PDeCAT, con el apoyo del Grupo Socialista, Podemos, ERC, PNV y Bildu, propuso al Congreso de los Diputados modificar el artículo 3 de la Ley de la memoria histórica del 2007 con la finalidad de declarar «ilegítimos» los tribunales y jurados constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo para «imponer condenas o sanciones de carácter personal por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa», y considerar nulas también sus sentencias. De esta manera, se pretende dejar fuera de la jurisprudencia las sentencias emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público y los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra.

Para el PDeCAT, la ley de la memoria histórica no implicó la anulación de las sentencias y por lo tanto, los familiares no pudieron tener un certificado de nulidad. El diputado Jordi Xuclà, que en noviembre del 2017 defendió la propuesta en el Congreso, también apuntó que habría que revisar las compensaciones económicas a los represaliados por el franquismo, a las nomenclaturas fascistas y al futuro del Valle de los Caídos.

El Congreso ya declaró nula en septiembre la sentencia por la cual el presidente Lluís Companys fue ejecutado el 6 de octubre de 1940, gracias a una iniciativa del PSOE que salió adelante con el apoyo de Unidos Podemos, el PDeCAT y el PNV y la abstención de Ciutadans. El PP y ERC votaron en contra.